Proceso de paz Construyendo el posconflicto
En el último año desde el Ministerio del Interior nos dedicamos no solo a impulsar una agenda legislativa reformista, progresista y moderna para el país, sino también a promover el diálogo social con distintas organizaciones; a defender los derechos de minorías como indígenas, afros y comunidad LGBTI, y a coordinar con gobernadores y alcaldes la territorialización de estas políticas, para generar así, en las regiones, espacios democráticos para la construcción de una Colombia más incluyente, especialmente en las zonas que históricamente han sido más afectadas por el conflicto armado.
Con esos objetivos trazados por el Presidente Juan Manuel Santos, trabajamos ahora en el reto de coordinar, con los mandatarios locales, la implementación de los lineamientos del posconflicto en 281 municipios del país, con la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad, convivencia y el fortalecimiento de organizaciones sociales.
Se identificaron estos municipios y hasta el momento avanzamos en el estudio de la situación de 81 de ellos. Con trabajo de campo, se definen sus fortalezas y debilidades en materia institucional, el nivel de sus organizaciones sociales, la situación de seguridad y justicia, los avances en política de víctimas, entre otras variables, con el objetivo de tener un diagnóstico claro de los requerimientos de esas poblaciones tras la firma de un acuerdo de paz y con el fin de garantizarles que serán los primeros a quienes llegarán los dividendos del fin del conflicto.
Se trata de definir, por ejemplo, si se requerirá una institucionalidad nueva que sea capaz de coordinar acciones de Gobierno nacional con los gobiernos departamentales y locales; el fortalecimiento necesario de organizaciones sociales y una focalización clara de la política de reparación a víctimas en esos municipios para garantizar que estas sean reconocidas y dignificadas, antes de que se produzca una eventual reinserción de los grupos armados ilegales de la zona. Igualmente, de promover mayores niveles de participación ciudadana en poblaciones tradicionalmente apáticas como consecuencia obvia de la violencia.
Esa tarea ya la comenzamos y la sola política de reparación a víctimas en marcha desde el 2012 es una demostración de la preparación del país hacia el posconflicto. De la misma forma, en el Ministerio trabajamos intensamente en los frentes de seguridad ciudadana en los centros urbanos del país, con la meta de llegar a cobertura plena en cámaras de seguridad y sistemas de video vigilancia en todas las capitales, para que el fortalecimiento de la tecnología sea el gran aliado para mejorar día a día la eficacia de nuestra Policía Nacional en el combate al crimen callejero. En convivencia, con la construcción de 740 Centros de Integración Ciudadana en los municipios más apartados, los más pequeños y los más afectados ahora y antes por la violencia, buscamos generar espacios de integración deportiva, cultural y comunitaria en esas zonas en las que su gente no contaba ni siquiera con un sitio de encuentro de las comunidades.
En fin, si en los próximos meses nos llegan buenas noticias de La Habana en cuanto al proceso de paz, en el Gobierno Nacional estaremos preparados para afrontar el reto de ocupar institucionalmente las zonas de conflicto y avanzar en la inclusión social de sus habitantes que deberán ser los directos y primeros beneficiarios de la paz territorial que deberemos construir en forma articulada con los gobernadores y alcaldes del país. En muchos casos, ya avanzamos con políticas que se implementan en esos 281 municipios cuyas comunidades son prioritarias para el gobierno del presidente Santos.
Fuente: eltiempo.com