El pasado 7 de septiembre tres educadoras de la guardería municipal de Roma El Nido nel Parco fueron condenadas a penas de entre dos y tres años de cárcel por pegar a los bebés que tenían a su cargo. Doce días después, los carabinieri irrumpían en un asilo de la provincia de Salerno, en el sur del país, para detener a sus 18 trabajadores, incluido el director, por los supuestos abusos reiterados a los que sometían a los ancianos y enfermos mentales que vivían en el centro. Estos dos episodios son los más recientes en la serie de maltratos a niños y a mayores en lugares donde en teoría deberían ser cuidados y mimados.

Impulsada por el gran clamor social que provocan estos casos, la Cámara de los Diputados italiana intervino el pasado miércoles con la aprobación de un proyecto de ley que regula la instalación de cámaras de circuito cerrado en las guarderías, asilos y residencias para disminuidos psíquicos para verificar los eventuales abusos. Apoyada por una gran mayoría (obtuvo 279 votos a favor, 22 en contra y 69 abstenciones), la iniciativa legislativa pasa ahora al Senado.

Los legisladores italianos han alcanzado un razonable equilibrio entre seguridad y privacidad. Las imágenes deberán ser captadas con un sistema cerrado y cifrado para evitar eventuales difusiones malintencionadas y solo podrá tener acceso a ellas la Fiscalía, siempre que se sospeche que existe maltrato. Aunque algunas asociaciones de padres exigían que se permitiera controlar lo que hacían sus pequeños en la guardería a través de una cámara conectada a Internet, la ley rechaza esta posibilidad. Prevé en cambio la necesidad de llegar a un acuerdo con los trabajadores y con los familiares de las personas asistidas antes de instalar el sistema de vigilancia, costeado por cada centro.

Una vez que esté aprobada esta normativa en la Cámara alta, Italia se pondrá a la cabeza de los países europeos, pues apenas hay legislación sobre el uso de cámaras de seguridad en guarderías, residencias para ancianos y centros para discapacitados. En España se habla de la necesidad de contar con una ley similar cada vez que salta la noticia de algún episodio violento, pero no se pasa de ahí.

Fuente: La Voz de Galicia