UNA OPINION SOBRE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD URBANA


Un tema un tanto impensado hace algún tiempo atrás cobra cierto protagonismo en ámbitos legislativos, periodísticos y en la gestión de muchos municipios de la provincia: el uso de cámaras de seguridad urbanas.

Es un tema controvertido, como lo es tal vez la incorporación de una tecnología cualquiera en un proceso que antes no la tenía…



Lo vemos por ejemplo en el mundo del deporte, donde hay disciplinas que van a la vanguardia del uso de elementos electrónicos para la aplicación del reglamento –automovilismo por ejemplo- y por diferente camino, otras disciplinas que se niegan a incorporar innovación por diferentes motivos –fútbol como ejemplo paradigmático-.

Entrando de lleno a la cuestión, quien esto escribe cree que el uso de cámaras urbanas de vigilancia no es bueno ni malo per se, en la medida que se respeten derechos individuales consagrado por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, como también garantías que se extraen del resto del orden normativo vigente.

Para propiciar esto, el proceso de instalación; selección de puntos a cubrir; la ejecución del servicio de vigilancia; el uso del material resultante como prueba de contravenciones, delitos o simple producción de daño material; la selección de la institución y personal a cuyo cargo se encomienda la administración; etc. debe estar profundamente signado por un estricto control público y consenso social, que le de un sentido de servicio y que asegure la trasparencia de la técnica.

Una cuestión de vital importancia es si otorgarle o no la administración de este servicio a las fuerzas policiales de cada ciudad y cuales son la ventajas y desventajas que esta decisión tiene. La instalación de cámaras debe ser entendido como un servicio al auxilio de los vecinos y no como una herramienta de control del estado sobre conductas de los mismos.

Eventualmente este servicio podrá servir a fines tan distintos como: encontrar una mascota perdida, coordinar tareas de control de tránsito, monitorear entrada y salidas de vehículos en días turísticos, cuidar el patrimonio público, servir de prueba para sancionar contravenciones y eventualmente como prueba de delitos penales o prevención de estos.

Las ventajas de que la administración sea policial son:

-La estructura de recursos materiales y humanos se encuentra montada.

Inmediatez de respuesta en caso de constatarse delitos.

-Profesionalización de la fuerza para lidiar con distintas contingencias –incendios, accidentes de transito, disturbios, etc-.

-Coordinación con otros entes estatales y no estatales actualmente vigente –Bomberos Voluntarios, Municipio, Defensa Civil, etc.

Por el lado de las desventajas o inconvenientes:

-Distrae la atención de recursos humanos y materiales de la fuerza en las aplicaciones civiles del servicio –que son la mayoría-.

-Eventualmente el material audio-visual podría no ser aceptado como prueba en caso de judicializarse un hecho que fue constatado por el sistema.

-El estado policial exige el respeto de la superioridad policial y cumplimiento de la disciplina policial, lo cual es necesario, pero podría darse el caso de un subordinado en el dilema de ventilar o no el accionar de un superior -en servicio o no-, que quedo registrado en el sistema.

Desde hace un par de siglos al menos, se conocen las ventajas de distribuir las competencias del estado, para evitar el abuso de poder por la concentración del mismo en un solo órgano. La distribución mas conocida por todos es en materia Legislativa, Judicial y Ejecutiva, solo por citar un ejemplo –Por esta misma razón hay quienes pugnamos por instalar en la agenda la creación de la Policía Judicial y desdoblar las atribuciones de la existente que es de seguridad y judicial-.

Por lo expuesto me permito sugerir que:

-El uso de cámaras de vigilancia urbanas sea entendido como un servicio y que se asegure que no ponga en riesgo garantías fundamentales –derecho a la intimidad como ejemplo-

-Que la responsabilidad primaria de servicio sea asumida normativamente por el municipio y que este pueda o no delegar la función y asignar recursos a órganos propios o a otra institución publica.

-La elaboración de un protocolo de uso del servicio, claro, trasparente, consensuado, fijando objetivos y medios para lograrlos, y darle al mismo rango normativo.

-Asignar la administración a un órgano civil, no jerarquizado.

Afortunadamente, el nuestra ciudad hay mas personas honestas que delincuentes y se realizan mas actos lícitos que ilícitos. Tengamos la inteligencia de darnos una solución con el uso de esta tecnología y no crearnos un problema nuevo.

FUENTE:nuevazona