La instalación de las cámaras de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires reavivó un conocido dilema social: por un lado, la exposición de la vida privada de los ciudadanos y por otro, la disposición de la tecnología a favor de la seguridad en la calle.

El gobierno de Mauricio Macri instaló cerca de mil equipos que “vigilan” distintas plazas y puntos clave de la ciudad, con el fin de “avanzar en la prevención y en la lucha contra el delito”. ¿Pero hasta qué punto nos protegen? La libertad de los ciudadanos, ¿en qué plano queda? Además, ¿es éste el tipo de inversiones que se necesitan para incrementar la seguridad?

Para el sociólogo Alejandro Terriles, especialista en estadística pública y Presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, los problemas de la seguridad no se resuelven con medidas que “limiten al ciudadano”. “El Estado debe priorizar otro tipo de cuestiones, como en políticas educativas y de empleo, pero para eso hace falta justamente eso, un Estado”, remarca. 

El sistema de cámaras instaladas funciona en conexión con distintas comisarías porteñas. Las imágenes son transmitidas al Centro de Monitoreo Urbano, ente que se desempeña dentro de las oficinas de la Policía Metropolitana. Desde allí, en caso de visualizar algún posible delito, o “actitudes sospechosas” se da aviso al Centro Único de Comando y Control Porteño, quienes a su vez activan la alerta hacia las áreas competentes para responder ante cada caso. 

“Pero este tipo de imágenes recibidas no son ni siquiera insumos para notas periodísticas”, sostuvo el Licenciado Terriles. “La política de seguridad del Gobierno de la Ciudad fue construida en base a encuestas. Esta persecución del espacio público, lo que hace es responder a una cuestión elitista del espacio”. 

Los barrios “controlados” son: Balvanera, Barracas, Belgrano, La Boca, Boedo, Caballito, Coghlan, Colegiales, Constitución, Devoto, Flores, Monserrat, Parque Chacabuco, Parque Patricios, Paternal, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Nicolás, San Telmo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. 

A las cámaras del Gobierno, hay que sumarle aquellas que poseen distintas empresas. Metrovías, la concesionaria del servicio de subtes, Ausa, la empresa que maneja las autopistas porteñas, por ejemplo, también aportan con un número importante de vigilancia. Además, claro, las empresas privadas que también aportan lo suyo, sin contar a los noticieros. El ciudadano, tal vez, sin percatarse, vive estrictamente custodiado, “y la intrusión a la vida y la vigilancia, son temas complicados”, sostiene Terriles. 

“La generalización de los sistemas de videovigilancia naturaliza la idea de que estamos bajo vigilancia. Las personas tienden a creer que las cámaras están ahí para vigilar a los delincuentes, y como no somos delincuentes, entonces no hay problema. Pero lo cierto es que las cámaras no distinguen, y el sistema de vigilancia es generalizado. Todos estamos bajo vigilancia”, sostiene la Licenciada Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social, docente de la UBA y promotora del software libre desde Fundación Vía Libre. 

“La cámara en sí misma no es solución si no se integra a un plan generalizado de seguridad, incluyendo mejoramiento del espacio público y muchas otras medidas que no necesariamente impliquen la vigilancia generalizada de toda la ciudadanía”, opina Busaniche.

Cuando se habla de política de “tolerancia cero” en cuanto a la seguridad pública, no se puede dejar de hablar del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Su plan de lucha contra el crimen y la delincuencia fue un éxito para los índices de lo que era una de las ciudades más peligrosas del mundo, pero el precio de la libertad fue su gran costo. El excesivo control del espacio publico “es la copia del peor fracaso en el mundo, que ahondó aún más la brecha entre ricos y pobres”, destacó el sociólogo. 

Parques, calles, autopistas, todo queda registrado. Pero, “vigilar a todos, en definitiva es no vigilar a nadie”, subraya la Lic. Busaniche. 

Igualmente controlar lo que sucede dentro de las cuatro paredes de una casa familiar no es lo mismo que hacerlo en la vía pública. Sobre todo porque el “vigilador”, en tal caso, difiere sustancialmente. Andrés Hulman, titular de TVO Seguridad, empresa dedicada al sistema integral de seguridad, que ofrece sus servicios para hogares y empresas, destaca que las cámaras en los hogares tienen un “efecto disuasivo”, ya que “el razonamiento del ladrón es evaluar los próximos delitos teniendo en cuenta qué tan fácil o difícil será entrar y salir del lugar”. 

Si bien hay una ley que prohíbe difundir las imágenes captadas, la mayoría queda en manos de empresas privadas y nunca se llega a saber con veracidad qué hacen con el material grabado. “¿Y quién vigila al vigilante?”, pregunta Busaniche. Además, su utilidad en los juicios, “depende cada caso. Para control en una empresa el personal debe estar advertido de la existencia de cámaras filmando o bien en la vía pública no debe invadir a las casas particulares, en este caso en particular los software utilizados permiten restringir en las imágenes captadas sectores que pudieran invadir la privacidad”, sostiene Hulman. 

Esa soledad que cree tener el ciudadano cuando se sienta en el parque de su barrio a leer, o cuando simplemente a descansar, es ficticia. Del otro lado, hay operadores que miran las imágenes captadas, y de algún modo, se familiariza con escenas que visualiza todos los días. 

“El espacio público es el espacio ciudadano por excelencia, y es eso lo que se controla: al ciudadano en el espacio público. Algunos estarán dispuestos a resignar libertad a cambio de una supuesta seguridad, sin embargo, mucho tiempo atrás, Benjamin Franklin dijo algo muy elocuente para estos tiempos: "Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad", destaca  Busaniche.

FUENTE: notio.com.ar