¿Se contagiarán las otras provincias de las medidas de seguridad que lanzó la Presidenta? Básicamente, son el desarme de las fuerzas encargadas de controlar desbordes sociales; el envío de 6.000 gendarmes al conurbano bonaerense para hacer frente a problemas como las ocupaciones de terrenos similares a la del club porteño Albariño; y la aplicación de un plan que promueve una efectiva conducción civil de la Policía. Esto sumió al país en un debate que, por ahora, se circunscribe a desencuentros políticos. Pero esa controversia encierra la idea de cambiar profundamente el modelo policial de seguridad. Y eso abarca, necesariamente, todo el país. La discusión tendría que llegar a Tucumán.
Un primer gesto
El gesto de crear un ministerio de Seguridad dio la sensación de que había la intención de ocuparse de los problemas derivados de la violencia y del delito, frente a la idea de que el excesivo garantismo contribuyó al crecimiento de la sensación de inseguridad. Pero la decisión de desarmar a la Policía Federal para enfrentar protestas callejeras dejó caras de perplejidad por doquier. Se reanudó otra vez la siempre inconclusa discusión entre garantismo y mano dura.
Sin embargo, estas dos medidas son partes de propuestas más amplias, difundidas en los medios nacionales: la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal (que tiene varias décadas, al igual que las normas similares de las provincias); el Observatorio Nacional del Delito -que reunirá estadísticas serias sobre la violencia-; asunción de mando civil y toma de decisiones en el análisis de información sobre seguridad y delito, lo cual implica límites a la autarquía policial; y énfasis en las estrategias de prevención, así como una lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad.
En este proyecto tiene fuerza la designación de Cristina Caamaño (fiscala que investigó en Buenos Aires el asesinato del militante Mariano Ferreyra) como secretaria nacional de Seguridad. La ministra del área, Nilda Garré, se apoya en el Acuerdo para una Seguridad Democrática, proyecto que impulsan -entre otros- León Arslanián, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Marcelo Saín, ex jefe de la Policía Aeronáutica.
Diferencias
Conocer estos proyectos ayuda tener una lectura de las palabras de ayer de la Presidenta, que, en medio del fragor de los debates políticos, trazó una diferencia entre los problemas sociales que generan conflictos derivados de la inequidad, y la acción de grupos mafiosos o delictivos que se aprovechan de esas duras condiciones sociales y hacen sus negocios.
¿Tiene claro el Gobierno nacional lo que quiere hacer? Hasta ahora el operativo Centinela parece un gesto fuerte para dar la impresión de que se quiere poner mano firme en lugares sumamente conflictivos como el conurbano, aunque se entiende que no es fácil cambiar añejas estructuras de trabajo policial.
Intentos infructuosos
Varios aspectos -y varios fracasos- de la política de seguridad lo muestran: el intento de cambiar el foco en la lucha antidrogas -dejar de penalizar a pequeños consumidores y trafiadictos- no ha pasado de eso: sigue imperando la visión policial y represiva que, según dicen los jueces y los mismos promotores de la nueva política antinarcóticos, ha ayudado al crecimiento del problema. Ha dado lugar, además, al enfoque policial que es insuficiente en la lucha contra el narcotráfico: hace dos años que se trata de combatir la venta y evitar el consumo de "paco" en los barrios de la Costanera del río Salí, pero ambos no hacen más que crecer.
Lo mismo ocurre en la lucha contra la trata de personas. Parece haber más conciencia pero sigue la oscilación entre la idea de la punición al cliente y la tendencia generalizada a dejar las cosas como están: los prostíbulos siguen con su actividad normal, sacudidos de vez en cuando por inconsistentes operativos policiales.
En los últimos siete años hubo un acompañamiento de las provincias a las políticas de la Nación en materia social, de educación, de economía y de salud, pero las de seguridad siguen ancladas en la indecisión, entre otras cosas, porque se ha permitido a las fuerzas policiales que tomen decisiones en las políticas de seguridad.
Por ello se acepta sin problemas aquellas novedades que no implican cambios sustanciales, como la compra de equipos de vigilancia, cámaras filmadoras, autos y motocicletas. Pero es más difícil encarar medidas de fondo, para saber por lo menos si lo que se hace está bien o mal, mientras está claro que las cosas no se modificaron demasiado, excepto que creció la sensación de inseguridad.
FUENTE: www.lagaceta.com.ar