Pese a las dificultades que rodean a la aplicación de la Ley de Protección de Datos, el concejal de Promoción Tecnológica del Ayuntamiento capitalino, José Alberto Díaz-Estébanez, asegura que las empresas canarias “están mejor situadas que la media de su entorno” al contar con más formación y con las herramientas adecuadas para su correcto cumplimiento, a pesar de que aún existan “dificultades o riesgos” a la hora de realizar transacciones electrónicas.
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Sin embargo, admite que “las administraciones públicas deben velar por garantizar el ámbito de privacidad”. De lo contrario, “estamos en manos de quien tiene nuestros datos”.Para ello, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), en colaboración con el Ayuntamiento capitalino, acogieron este lunes la jornada informativa La Seguridad en las transacciones electrónicas, que persigue dotar a las empresas de las herramientas y conocimientos necesarios para "cumplir adecuadamente con la Ley Orgánica de Protección de Datos y evitar el importante número de delitos y faltas existentes es las transacciones económicas electrónicas".
Para el director general de protección de datos del Ayuntamiento, Sergio Prieto,
“algo pasa” con las empresas a la hora de cumplir con la ley de protección. Existen datos del Instituto Nacional de Tecnología de la Comunicación que detallan que un 86% poseen información de titularidad privada en el ámbito empresarial, tanto en soporte papel como informatizado, pero a la hora de proceder a la obligación legal que establece la ley de inscribirlos en la Agencia Española de Protección de Datos, las cifras se reducían considerablemente, con un 16%.
La agencia de desarrollo comarcal Debegesa ha organizado para el próximo viernes, 4 de febrero,una jornada sobre protección de datos en la empresa. La actividad está dirigida a lasempresas de la comarca y se enmarca dentro del programa Valora. La jornada se celebrará en las instalaciones de Debegesa, en el polígono de Azitain, de las 9 a las 11 horas.
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Los sistemas se han simplificado, su manejo es más sencillo y su precio más asequible. Eso ha contribuido a que en los últimos 3 años haya aumentado considerablemente el número de sistemas de vigilancia que se han ido instalando. Se han incorporado muchos pequeños comercios, antes estaba más vinculado a la industria. Tanto para vigilar el acceso como para controlar la producción y detectar cualquier incidencia en máquinas de tren muy largo», explicó Juan Carlos Conejero, ingeniero técnico de Cemysa, empresa mirandesa de seguridad.
Pero en cualquiera de los casos, los requisitos a cumplir son los mismos. Para empezar, hay que informar de que se está grabando con carteles que indican que se está en una zona videovigilada. «Siempre hay que avisar, aunque se trate de un recinto privado, colocando un estándar normalizado de la Agencia de Protección de Datos».
El cartel debe incluir el nombre del responsable del registro de datos, para saber a quién dirigirse en caso de una reclamación. «Normalmente suele ser el titular del comercio. En el caso de grandes empresas puede poner la razón social de la misma pero luego, en la planta, tiene que haber alguien encargado».
Además, se deberá tener muy en cuenta la ubicación de las cámaras exteriores, para que enfoquen lo mínimo posible a la calle. Algo no siempre fácil cuando se trata de proteger un escaparate. «Tienes que justificar muy bien por qué se ha hecho así la instalación». Aunque a veces resulte imposible. En ese supuesto, Conejero cree que hay cierta indefinición legal. En caso de una denuncia hay jueces que pueden entender que la grabación es justificable y otros que no, aunque muchas veces la propia policía las use como pruebas en juicios», valoró.
Eso podría invalidar las imágenes como respaldo en caso de robo o de daños. Pero filmar es la única opción que hay si se quieren aportar pruebas y hacerlo requiere obligatoriamente comunicárselo a la AEPD. Requisito que se puede cumplir telemáticamente, a través de la página web de la agencia o por correo postal. «No hacerlo puede acarrear multas considerables». Y no hace falta que exista una denuncia previa, la agencia suele actuar de oficio.
Pero las molestias compensan los resultados. «Los clientes quieren tener pruebas de que se ha cometido un delito contra su propiedad. Sin olvidar que muchas veces la propia instalación y tiene un carácter disuasorio muy a tener en cuenta», zanjó.
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Cientos de cámaras vigilan a diario lo que pasa en distintos puntos de la ciudad y lo hacen tratando de compaginar la grabación con el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos. Una frontera perfectamente definida en la norma, sobre el papel, pero más difusa en la práctica. Sobretodo cuando se trata de mirar en espacios públicos.
Aún así, los trámites no son iguales en todos los supuestos. Depende de quien las controle. En el caso de las instaladas por el Ayuntamiento, el cometido recae en la Policía Local, lo que obliga a cumplir con una serie de trámites y notificaciones perfectamente definidos en la Ley Orgánica publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de agosto de 1997 y en el posterior Real Decreto que apareció el 19 de abril de 1999.
El interés del Consistorio mirandés por tener sus propias grabaciones llegó casi una década después, en 2008; pero hoy por hoy, aún sigue siendo la suya la única autorización concedida en la provincia por la comisión regional de videovigilancia, dependiente de la Delegación del Gobierno, que es quien debe emitir informes favorables.
El "tsunami tecnológico", y sobre todo la universalización de herramientas como internet, requerirá una actuación de los marcos normativos europeo y español de protección de datos, ha asegurado hoy el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo.
El máximo responsable de la AEPD ha hecho estas consideraciones durante el acto de entrega de los Premios de Protección de Datos 2010, que se han entregado hoy coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Protección de Datos.
Los premios de Comunicación han reconocido el trabajo del área de Sociedad de TVE y del programa REC de Cuatro, y dos accésit han valorado la labor del área de Sociedad de la Agencia EFE y del periodista de El País David Alandete.
Se ha entregado además el Premio de Investigación, que ha correspondido a Antonio Troncoso por su trabajo "La protección de datos personales: en busca del equilibrio", y dos accésit han sido para David Ordóñez, por un estudio sobre privacidad, datos personales y jueces en Europa, y para Patricia Esquinas, por un trabajo sobre protección de datos personales en la policía europea.
En su intervención en el acto, Artemi Rallo ha constatado la creciente concienciación de los ciudadanos sobre el valor de su información personal, y ha recordado que el pasado año el número de reclamaciones que se plantearon ante este organismo superó la cifra de 4.300, a pesar de que -ha dicho- el grado de cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos es cada vez mayor.
Según Artemi Ralló, el "tsunami tecnológico" que se está produciendo, y la extensión del uso que los ciudadanos están haciendo de las tecnologías de la comunicación, y sobre todo de internet, va a obligar a adaptar y actualizar los marcos normativos que regulan la protección de los datos personales.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos ha destacado que esos cambios se están ya abordando en la Unión Europea, donde se está sometiendo a una amplia revisión la directiva sobre esta materia, y se ha mostrado convencido de que esa actualización se trasladará en el futuro a la legislación española.
Coincidiendo con la celebración del Día Europeo de Protección de Datos, la AEPD ha publicado una guía práctica para ciudadanos sobre sus derechos a la protección de datos, que explica cómo actuar cuando se solicitan o utilizan los datos personales, invita a los ciudadanos a defender esos derechos, y enseña a utilizar de forma responsable los datos de otras personas.
La guía incluye reglas y consejos sobre los derechos de los ciudadanos en ámbitos concretos como son internet, la recepción de publicidad o la inclusión de ciudadanos en los "ficheros de morosidad".
La nueva publicación de la Agencia de Protección de Datos incluye recomendaciones orientadas a crear una conciencia, no sólo de protección de los datos propios, sino de respeto por los datos de los demás, así como de la necesidad de formar a los menores para que aprendan a proteger su privacidad.
FUENTE: www.nortecastilla.es