La Audiencia Nacional ha dado la razón al Ayuntamiento de Málaga al anular una resolución de la Agencia de Protección de Datos que lo sancionó en octubre de 2009 con una falta grave por el uso indebido de la videovigilancia, sin contar con la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala ha estimado elrecurso contencioso administrativo del Ayuntamiento al considerar que el responsable del fichero de datos de carácter personal es el Cuerpo Nacional de Policía.

Argumenta que ha sido la Policía y no el Consistorio la que ha decidido sobre la finalidad, el uso y el tratamiento de las imágenes de la vía pública grabadas a través del sistema de videovigilancia instalado en el centro histórico de Málaga.

Explica que fue el subdelegado del Gobierno, a propuesta del comisario provincial, quien solicitó al delegado del Gobierno de Andalucía la pertinente autorización, y el Ayuntamiento el que licitó el contrato de suministro para el circuito cerrado de televisión.

Oviedo. La Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado hoy que la operadora telefónica Movistar ha vuelto a requerir a la mujer a la que cargó una factura de 61.858 euros sin ser ya su clienta el pago de este cantidad y le ha advertido del riesgo de incluirla en un fichero de morosos en caso de no hacerlo.

Según ha informado UCE-Asturias, pese a la "obviedad" del error de la operadora telefónica, "llama la atención" la conducta de la compañía al "permitirse el lujo" de volver a reclamar la factura a una persona que dejó de ser su cliente hace cinco años.

La afectada informó en su momento al director de su entidad bancaria de lo sucedido y le dio orden de retrotaer el pago a la vez que presentó varias reclamaciones a la empresa de telefonía.

Ante esta situación, UCE-Asturias ha presentado denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Agencia Española de Protección de Datos.

 

FUENTE: www.finanzas.com

Las Palmas de Gran Canaria. El director de la Agencia Nacional de Protección de Datos, Artemi Rallo, abogó hoy por "refundar y repensar" nuevos mecanismos, entre ellos cambiar la legislación, para garantizar la privacidad de los datos personales de los usuarios en el mundo online.

Rallo que participó hoy en las "XV Jornadas de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria" recordó en una entrevista con EFE que la principal ocupación y preocupación de la Agencia Nacional de Protección de Datos en estos momentos se centran, entre otros sectores, en internet y las nuevas tecnologías.

Explicó que los nuevos servicios de internet constituyen hoy el reto principal de la legislación de protección de datos y "ponen en jaque la privacidad de todos los ciudadanos".

Son servicios como el correo electrónico o el uso de buscadores que "utilizamos a diario", y cada uno de los cuales preocupan a la Agencia, que no sólo ha decidido tramitar las denuncias al respecto, sino que también está actuando de forma preventiva, asesorando y orientando a las entidades que quieren poner en marcha nuevos servicios online.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto dos multas a Banesto por importe de 60.101 euros cada una por sendas infracciones graves por remitir a terceros datos personales de sus empleados, según informa la sección sindical de UGT en la entidad en un comunicado.

La resolución de la AEPD concluye que "ha quedado acreditado que Banesto remitió a terceros numerosos documentos en los que figuran datos personales de empleados de la entidad relativos a nombre, apellidos, puesto de trabajo, número de empleados, así como las circunstancias correspondientes a los objetivos y productividad de cada uno".

Fuentes de la entidad confirmaron a Europa Press que han recurrido la multa ante la Audiencia Nacional y que su recurso ha sido ya admitido a trámite por el juzgado.

La AEPD considera que el banco ha vulnerado los artículos 9.1 y 10 de la Ley de Protección de Datos, tras resolver las denuncias promovidas por la sección sindical de UGT en Andalucía y Canarias por el comportamiento reiterado de algunos directores de sucursales de dichas zonas, que, según denunciaron, avalados por el departamento de recursos humanos, enviaron estos datos.

La resolución advierte de que la información "no puede ser facilitada a terceros, salvo consentimiento de los afectados o que exista una habilitación legal que permita su comunicación, que no concurren en el siguiente caso".

En concreto, los sindicatos denunciaron el envío de correos electrónicos con listados de productividad dirigidos a empleados por parte de los directores de zona y de área, que incluían observaciones personales de los empleados visibles para todos los destinatarios.


FUENTE: www.europapress.es

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, ha defendido el cumplimiento de la ley de protección de datos en los hospitales navarros de acuerdo al informe emitido por la Agencia Española de Protección de Datos, que ha realizado "una única recomendación" a la Comunidad foral, la de realizar la auditoría externa del libro de seguridad.

Kutz ha comparecido en la comisión de Salud del Parlamento de Navarra a petición del PSN para informar sobre los requerimientos de la Agencia Española de Protección de Datos, que emitió un informe a partir de un cuestionario realizado a los hospitales públicos y privados de todas las Comunidades Autónomas.

La consejera ha explicado que "el informe valora diez conceptos de cumplimiento de la ley de protección de datos, remarcando en ellos las comunidades autónomas menos cumplidoras" y ha resaltado que "en ninguno de los diez conceptos ha sido nombrada la Comunidad foral".

Según Kutz, "lo único que dice" el informe respecto a Navarra es la recomendación de "tener una auditoría externa que audite el libro de seguridad, una medida de mejora que ya se ha puesto en marcha".

En este sentido, la titular de Salud ha indicado que el Gobierno foral ha adjudicado a la empresa pública Producción Informática de Navarra SL la auditoría de este libro de seguridad, que deberá llevarse a cabo "antes del 1 de abril".