Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies aquí. Si continuas navegando estás aceptándola.

Sobre el derecho al olvido digital


El día 13 de mayo de 2014 conocíamos la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a través de la cual se resolvían varias dudas planteadas por la Audiencia Nacional en un procedimiento que enfrenta a Google Spain S.L. y Google Inc. contra la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y un ciudadano español, el Sr. Costeja.

Para el que no conozca el asunto, el inicio se remonta a una reclamación formulada por el Sr. Costeja ante la Agencia Española de Protección de Datos tras localizar, a través del motor de búsqueda de Google (Google Search), dos vínculos a dos páginas del periódico La Vanguardia en los que aparecía su nombre y apellidos vinculados a un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.

Estos anuncios estaban fechados el 19 de enero y el 9 de marzo de 1998 y eran accesibles desde Internet porque La Vanguardia decidió digitalizar toda su hemeroteca.

Al considerar este señor que el embargo al que en su día se vio sometido, estaba resuelto y que carecía de relevancia actual, exigió a Google Spain y a Google Inc. a que eliminaran u ocultaran sus datos personales de manera que no se localizase a través de sus resultados de búsqueda esta información y, solicitó a su vez, al periódico La Vanguardia que eliminase o modificase la publicación en su día realizada.

Ante esta reclamación, la Agencia Española de Protección de Datos:

Estimó por un lado la reclamación en la parte que afectaba al motor de búsqueda y, requirió a Google a que eliminase de su índice el resultado objeto de disputa, de manera que no se pudieran localizar a través de Google Search las noticias en las que aparecían el nombre y apellidos del Sr. Costeja y que fueron publicadas por La Vanguardia en 1998.

Pero, sin embargo, desestimó la solicitud en lo que a La Vanguardia se refería. En este sentido, la Agencia consideró que la publicación que había realizado el periódico en 1998 estaba totalmente justificada y tenía por objeto dar la máxima publicidad a la subasta que iba a tener lugar por aquéllos entonces y amparándose en la libertad de expresión, consideró que La Vanguardia podía mantener esa publicación.

A raíz de esta resolución Google Spain y Google Inc., al no estar de acuerdo con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, interpusieron dos recursos ante la Audiencia Nacional, quién los acumuló. Y ésta, al surgirle varias dudas en la resolución del conflicto, suspendió el procedimiento, y planteó varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien concluyó lo siguiente:

Leer noticia completa.

FUENTE:alicanteactualidad.com