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¿Tenemos administraciones, organismos y empresas públicas por encima de nuestras posibilidades? Ningún gobernante se atrevería en estos instantes a responder que no, porque nadie, a estas alturas, niega que en España persisten las duplicidades, es decir, que varios entes públicos prestan el mismo tipo de competencias. El asunto, que reaparece de forma cíclica en la agenda pública sin que nadie lo ataje con determinación, fue traído ayer a colación por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ya que que su presidente, Daniel Cano, subrayó que el coste del Servicio Meteorológico Catalán (SMC) es de unos seis millones de euros anuales y la Aemet ya realiza predicciones meteorológicas de todo el territorio.

El caso del SMC es similar a otros como el del Instituto Cartográfico de Cataluña –con un presupuesto de 18,2 millones–, el Instituto Geológico de Cataluña –9,3 millones–, el Síndic de Greuges –6,9 millones– el Instituto de Estadística de Cataluña –8,1 millones–  y el Centro de Estudios y Opinión –1,2 millones–, la Autoridad Catalana de Protección de Datos –2,8 millones– y la Autoridad Catalana de la Competencia (1,6 millones). La suma de todos ellos alcanza los 48,4 millones y el interrogante es saber si sus servicios no podrían ser asumidos por sus homólogos estatales (el Instituto Geográfico Nacional, el Defensor del Pueblo, el Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Nacional de Estadística, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la Agencia Española de Protección de Datos y el Tribunal de Defensa de la Competencia).

Desde la Generalitat la duplicidad de servicios se mira desde el punto de vista inverso. ¿Por qué el Estado no suprime organismos cuyas competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas?

En su Programa Nacional de Reformas 2012, el Gobierno se mostró partidario de «la supresión de órganos existentes en el Estado y duplicados por las comunidades autónomas». «Las comunidades   –dice el programa– han duplicado algunos organismos del Estado como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado, generando duplicidades. Además, todas las comunidades cuentan con sus propios institutos de estadística y algunas con consejos audiovisuales o agencias de protección de datos»

Mas apela a los cónsules para arreglar el «conflicto»
Cambio de planes. Artur Mas no esperará a revalidar su cargo al frente de la Generalitat de Cataluña, el próximo 25 de noviembre, ni a que Mariano Rajoy y el Tribunal Constitucional rechacen su plan de convocar una consulta sobre la independencia para internacionalizar lo que él llama «el conflicto catalán». Consciente de que desde que retó al Estado con la idea de celebrar un referéndum soberanista ha despertado un interés internacional, ayer pidió al cuerpo consular representado en Barcelona que traslade que Cataluña «necesita más estructuras de Estado». El líder de CiU no desaprovechó la presencia de una nutrido grupo de cónsules en la celebración del décimo aniversario de Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de la Universidad Politécnica de Cataluña para vender su causa a favor de un Estado propio.

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