El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sóller celebrado este martes ha tenido como punto estrella el debate planteado por los partidos de la oposición (PSIB-Entesa per Mallorca-Progressistes per Sóller) sobre la colocación de cámaras ocultas de videovigilancia en el aparcamiento dels Estiradors.
Después de una comisión informativa en la que, según la oposición, no se dieron respuestas válidas por parte del equipo de gobierno a sus requerimientos, éstos han insistido en pedir explicaciones a cuestiones aún no esclarecidas o esclarecidas ambiguamente.
El portavoz del PSOE Josep Lluís Colom ha pedido responsabilidades a los políticos y funcionarios implicados, a la vez que ha solicitado un esclarecimiento del papel de todos los que han participado de la colocación de las cámaras, puesto que considera que el PP ha querido confundir cada vez que se le ha planteado la cuestión.
El encargado de responder a las cuestiones del portavoz del PSOE ha sido el concejal de Gobernación Gabriel Darder quien se ha reafirmado en el argumento de que actuaron de acuerdo con un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y que no era necesario que tuvieran autorización de la Agencia de Protección de Datos al ser imágenes tomadas en un espacio público. Además, a tenor del equipo de gobierno, estas imágenes nunca llegaron a ser utilizadas. Sin embargo, ha admitido que “no todo se hizo bien”.
El PP de Sóller, en boca del concejal Darder, ha considerado una “perdida de tiempo” el debate generado en torno a la colocación de cámaras con la recriminación al PSIB de querer crear morbo con la polémica generada. El portavoz afirmado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento está muy satisfecho con su gestión y que pedir información sobre la cuestión es “pedir quimeras”.
A la vez, han recriminado al PSIB que no haya condenado los actos vandálicos por los que resultó quemado el coche del alcalde Carlos Simarro. El PSIB ha negado tal extremo con el argumento de que se trata de dos cuestiones muy diferentes.
El próximo plazo que llevará a cabo el PSIB en esta cuestión será cuestionar ante la agencia de Protección de Datos la legalidad de la colocación de las cámaras de videovigilancia.