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La Justicia española reconoce su impotencia frente a Google

La Agencia de Protección de Datos y la Audiencia Nacional han sido incapaces de amparar “el derecho al olvido” de un ciudadano español frente al gigante de la captura e indexación de documentos en Internet, Google Inc., y han tenido que elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Estrasburgo. ¿Cuál es el límite del Gran Hermano? ¿Quién clavará la estaca en el ojo del Polifemo global?

“¡Déjenme en paz! ¡Borren mi nombre de ahí!”, solicitó muy cortésmente por escrito el ciudadano Carlos José a los directivos de La Vanguardia Ediciones SL el 23 de noviembre de 2009. Ya estaba harto de que al poner su nombre en el buscador de Google siguiera apareciendo la referencia del periódico catalán con los enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por unas deudas a la Seguridad Social que había resuelto tiempo atrás.

Los responsables de La Vanguardia le contestaron que no podían borrar los datos, pues figuraban en una ejecutoria de la Tesorería de la Seguridad Social de Barcelona capturada por Google. Entonces, el ciudadano, bastante perjudicado en su fama, escribió a Google Spain SL, pidiendo que eliminaran su nombre. Pero éstos le remitieron a Google Inc, en California (Estados Unidos).

Era el mes de febrero de 2010 y aunque cualquier fecha es buena para viajar desde El Escorial (Madrid), donde vive Carlos José, a Mountain View, en el Condado de Santa Clara, a donde se llega por la ruta 280, también conocida como Junípero Serra, desviándose hacia el Camino Real y enlazando con Amphitheatre Parkway, donde enseguida se ve el 1600 y la entrada al complejo del polifémico Google, nuestro hombre prefirió dirigirse a la más cercana Agencia de Protección de Datos, que para eso está.

En este punto abrimos paréntesis para informar que dicha Agencia no sufrirá “recortes significativos”, según afirmó el lunes, día 16, en el Congreso el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román García, quien se mostró muy satisfecho de que el servicio público de la justicia sólo experimente una reducción del 5,8% -se aplicará en tecnología, obras, merma de la partida de justicia gratuita a los necesitados y congelación de personal- frente al 16,9% del conjunto de las Administraciones.

La Agencia acogió la petición de Carlos José y dio traslado a La Vanguardia y a Google. La filial de la multinacional en España presentó alegaciones y la central californiana pasó del expediente. No obstante, cuando la Agencia de Protección de Datos dictó resolución favorable al ciudadano, Google Inc y, por supuesto, su filial española se apresuraron a recurrir a la Audiencia Nacional, pues entendieron que su ojo global no ha sido configurado para hacer guiños de obediencia a la Administración española.

Pasaron dos años y después de una serie de consideraciones sobre el lucro de Google con la venta de archivos, anuncios publicitarios y otros servicios a partir de datos indexados, y una vez constatado el desfase de las leyes y directivas comunitarias respecto al desarrollo de la “tela de araña” de Internet, y visto que la ubicación de los archivos de Google es secreta y no se sabe ni en qué país están, los magistrados de lo contencioso de la Audiencia Nacional hallaron al fin la solución: remitir el problema al tribunal de Estrasburgo. Tampoco son ellos -don Diego Córdoba y sus tres subordinados- el Ulises capaz de meterse en la cueva de Polifemo y clavarle la estaca en el ojo. Que lo haga la UE, que para eso está.

FUENTE:Cuarto Poder