Protección de Datos sancionó su inclusión como moroso
Usurpada la identidad de un residente en Lanzarote al que le reclamaban miles de euros en gastos

Denunciar un robo no siempre es suficiente para ahorrarse quebraderos de cabeza. Es lo que le sucedió a un residente en Lanzarote, que antes había vivido en Barcelona, donde le robaron el documento de identidad, el carné de conducir, una tarjeta de Caixa Cataluña y una Visa de Argentaria.

A pesar de que ya entonces había denunciado el robo, siete años más tarde comenzó a recibir llamadas telefónicas de una entidad financiera, Unoe bank, informándole de que había realizado compras por valor de 900 euros en un establecimiento con una tarjeta. Unas compras que él nunca había hecho.

Entonces volvió a presentar denuncia, esta vez en la comisaría de Arrecife, en la que daba cuenta de que era posible que alguien podía haber falsificado su firma utilizando los documentos personales robados.

También le reclamaba dinero La Caixa , en la que se había abierto una libreta con su nombre y apellidos con un domicilio de Barcelona, pero ni la firma era la suya ni el pasaporte utilizado era auténtico, sino “falsificado”.

En 2006 presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos porque siguió recibiendo llamadas y escritos de todo tipo reclamándole diversos pagos. Al explicarles lo que le había ocurrido, algunas entidades le atendieron pero otras no lo hicieron.

El principal problema le ocurrió cuando fue a dar de alta una línea de teléfono móvil como autónomo, al conocer que sus datos estaban inscritos en dos conocidos ficheros de morosos, Asnef y Badexcug.

Tenía anotaciones en los ficheros de morosos de entidades como Caixa Catalunya, Finandia, Santander Consumer o Vodafone por compras e impagos de miles de euros que no había efectuado realmente.

La Agencia de protección de datos impuso sanciones a las entidades que le habían incluido en los ficheros por no haber dado su consentimiento y por no haber acreditado de manera indiscutible la identidad del moroso. Las sanciones rondaron los 600.000 euros.

“Ninguna de dichas entidades ha acreditado que el denunciante consintiera el tratamiento de sus datos personales” y “ninguna dispone de documentos que acrediten la identidad de la persona con la que dicen haber contratado”, destacó la Agencia en su resolución. Subrayó que hubiera bastado con comprobar la identidad y el domicilio cuando empezaron a llegar los impagos.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha venido dictando sentencias, la última reciente a favor de Finandia, en la que anula las sanciones. Argumenta que no fue posible detectar el uso “fraudulento” de la identidad del afectado y pone como ejemplo una adquisición en una casa de subastas, donde se utilizó documentación falsa. “Nada hacía sospechar” que quien compraba “no era quien aparentaba ser”.

FUENTE:DiariodeLanzarote.com