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Google no se puede quejar de censura: en España tiene un trato de favor

Hace dos semanas, el buscador acusó al Gobierno español de censura. Una denuncia que el despacho de abogados que ganó el primer caso a Google en España considera falsa. En su opinión, el gigante miente, ya que es responsable de los contenidos que muestra y ha censurado en más de una ocasión. Por no hablar de que los procedimientos sancionadores en su contra van más lentos de lo normal o incluso caen en el olvido.


El pasado 19 de junio, Google acusó a España de censurarle a través de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por obligarle a retirar 270 resultados de búsqueda en el segundo semestre de 2011.

Así lo manifestó el buscador en su “informe de transparencia”,  en el que la compañía estadounidense se desvinculaba completamente de cualquier responsabilidad por los datos que muestran sus páginas.

Pero estos argumentos que ha hecho el buscador en defensa propia podrían estar lejos de la realidad. Al menos, eso cree el despacho de abogados de Miguel Juan Cobacho López, ganador del primer caso a Google en España, que asegura que el gigante tecnológico miente.

Para empezar, el bufete asegura que el buscador ha utilizado a propósito la palabra censura. Hasta el rey de los buscadores ha confesado a lainformacion.com que el término ha hecho saltar a las alarmas.

“Ha habido mucho revuelo con la palabra censura, es cierto, pero lo que queríamos dejar claro es que obligarnos a retirar enlaces no es la solución. Además, no somos quién para quitar la información, simplemente somos una fórmula matemática, un algoritmo, que sirve de contenedor”, explican fuentes de la compañía.

“Si en el informe solo habla de 270 enlaces y no especifica más, alguien podría llegar a la conclusión de que existe una campaña masiva contra Google. Pero no es así. Solo dos personas (clientes de este despacho, por cierto) lograron que se reconociese la retirada de 225 enlaces”, aseguran los abogados.

Además, dan otro argumento para demostrar que el buscador no es víctima de la censura en nuestro país: oculta que también se le ha dado la razón.

"En cinco casos la Agencia Española de Protección de Datos ha declarado que no le corresponde retirar datos, precisamente porque se ha valorado la libertad de información referida a hechos públicos o la necesidad de su publicación. Sin embargo, el discurso de la compañía olvida mencionar estos hechos y prefiere ocultarlos, con el fin evidente de hacer creer a la gente que vivimos en un estado de permanente presión. Pero que nadie se extrañe. Esto no es de ahora. Sus contradicciones son históricas”, explica.

Por ejemplo, uno de los discursos más pronunciados por la compañía es que siempre colabora con la justicia y con los cuerpos y fuerzas de seguridad de todos los estados allí donde opera. Una postura que parece desmoronarse en el caso español.

De hecho, en su propio informe de transparencia, Google reconoce que de las 18 solicitudes que ha recibido de órganos judiciales ha cumplido un 78%. Mientras que de las 25 que le han llegado de organismos gubernamentales, policía, etc, tan solo ha cumplido un 8%.

“Como todas las grandes compañías, el buscador juega con las brechas del sistema. No es ningún corderito y usará toda la parafernalia del mundo para acudir a los tribunales donde esté más cómodo y donde podría salir favorecido”, asegura Santiago Portela, director del Centro de Proceso de Datos de la Universidad Alfonso X el Sabio.

En este sentido, el despacho de abogados recuerda que Google suele tener un trato privilegiado en España: los procedimientos sancionadores contra la compañía van más lentos de lo normal o incluso caen en el olvido.

“El ejemplo más claro fue cuando la Agencia Española de Protección de Datos afirmó que su sistema operativo (Android) tenía graves vulnerabilidades que permitían acceder a los datos personales de miles de clientes. Un fallo que duró meses…¡Y no se le sancionó!. ¿Pero qué sanción recibió Vodafone por una vulnerabilidad similar (un fallo en su web) que solo duró 24 horas? Nada menos que 100.000 euros”, señala el bufete.

Este caso está acompañado de otros muchos, como el de Google Street View. “Los procedimientos sancionadores en su contra son, extrañamente, los más lentos que conozco. ¿Alguien recuerda que en el año 2010 se denunció a Google Street View en España? Cuesta recordarlo, y también cuesta saber en qué ha quedado el asunto ahora, dos años después”, puntualizan los abogados.

El sistema de cámaras callejeras ha costado a Google un conflicto judicial y de imagen en varios países de Europa, como Portugal, Alemania y España. Street View, que utilizan Google Maps y Google News para retratar detalladamente las calles de muchas ciudades en el mundo, ha sido acusada de violar la privacidad de sus ciudadanos -tras conocerse que ha retratado matrículas de coches e incluso, ha captado redes WiFi y ha espiado las webs que estaban siendo utilizadas por estas redes-.

“El buscador tiene dos frentes muy serios abiertos en el Viejo Continente: las dudas sobre su política de protección de la intimidad y la posible violación de las leyes antimonopolio. Por eso, me resulta curioso este informe de transparencia que ha publicado, porque le falta mucho para responder a ese nombre”, asegura Portela.

Como es lógico, los expertos no culpan a Google de que aparezcan en la Red informaciones que no deberían hacerlo, pero sí piden una reacción más contundente del buscador. “No decimos que la compañía sea responsable, ni mucho menos, pero sí es culpable de no actuar cuando se entera de irregularidades y no hace nada. Se queja de que se le está obligando a retirar informaciones lícitas, pero hay casos en los que no ha actuar incluso tratándose de ilícitas”, estima el despacho.

Portela, por su parte, pide una mayor seriedad y contundencia a las autoridades competentes. “Si el gigante consigue velar por sus intereses no es culpa suya. El problema es de quien lo permite y de la falta de firmeza de las instituciones”, asegura.  

Pero esta petición es más complicada de lo que parece a priori. Y es que, como ha alegado Google en su defensa en más de una ocasión, no en todos los casos “resulta de aplicación ni la directiva europea de protección de datos, ni la ley española que la aplica”.

FUENTE:Lainformacion.com

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