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Protección de Datos investiga el fichero de autorizaciones para las calles peatonales
SIPLA denuncia que la situación del sistema de cámaras no se ajusta a la Ley de Tráfico


La sección sindical del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA) en el Ayuntamiento lleva meses pidiendo aclaraciones sobre la introducción de cámaras para controlar los accesos a 14 calles peatonales y la 'Zona 30'. Sospecha que la pretensión de la jefatura de que el control de las entradas a estas vías estaría regulado por un acuerdo de la Comisión de Gobierno de diciembre de 1993, no se sostiene por ningún lado y no se ajustaría a la Ley de Tráfico.

Algo así ha acabado por reconocer la jefatura del servicio, al impulsar una modificación de la Ordenanza de Tráfico para regular las cámaras y otras novedades, como la 'Zona 30' o los radares. La modificación fue aprobada de forma inicial el viernes, pero ¿qué pasa con las miles de sanciones impuestas desde la entrada en servicio de las cámaras? Ayer, SIPLA, en una nota de prensa aclara que elevó una queja al Defensor del Pueblo, al no recibir respuesta «alguna de la jefatura».
En la respuesta de la institución queda claro que el control de accesos se puede establecer mediante una ordenanza, relata el sindicato, que ha solicitado una aclaración. En ella, añade como documentación que ni las calles son las mismas a las que se refería el acuerdo del 93 (pensado para la peatonalización de El Antiguo) y la norma va mucho más allá pues fija itinerarios, limita recorridos o exige más documentación. El acuerdo del año 1993, ejemplifica, no mencionaba siquiera las bicicletas.

Protección de datos

SIPLA también se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos por si estaba registrado el fichero con los documentos y circunstancias de los ciudadanos que solicitaron autorización para poder circular por esas calles. Al comprobar que «no figura inscrito en el Registro de Ficheros», «puso esta circunstancia en conocimiento de dicha agencia» el pasado mes de septiembre. Protección de Datos, informó ayer SIPLA, instruye en la actualidad un expediente, una investigación.

Para inscribir el vehículo en esa base de datos de vehículos autorizados, detalla el comunicado, «se llega a solicitar documentación como escritura propiedad, IBI o recibo alquiler, en este caso, en el mismo, debe figurar el nombre y DNI del propietario».

«Toda esta regulación, tampoco estaba prevista en el Decreto del 1993». El sindicato anuncia que presentará alegaciones a la modificación de la ordenanza en curso y recuerda que la justicia ha anulado la ordenanza de Zaragoza por causas similares

FUENTE:El Comercio Digital (Asturias)

LEER ARTICULO:http://www.elcomercio.es/v/20120703/oviedo/proteccion-datos-investiga-fichero-20120703.html