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España / reacción de los organismos implicados

Las respuestas que dan a la «caótica» digitalización en la Audiencia Nacional

El Defensor del Pueblo investiga ya la denuncia por colapso en la documentación del tribunal; Justicia se remite a que no hay personal externo que acceda a procedimientos privados y que no se ha registrado ninguna «incidencia» en el Servicio de Archivo y Digitalización del papeleo

 

El Defensor del Pueblo investiga ya la denuncia por colapso en la documentación del tribunal; Justicia se remite a que no hay personal externo que acceda a procedimientos privados y que no se ha registrado ninguna «incidencia» en el Servicio de Archivo y Digitalización del papeleo

 

 

Hoy hace una semana que este periódico reprodujo las denuncias formuladas por los funcionarios de Justicia -procuradores, jueces, secretarios judiciales, abogados y otros trabajadores- debido al «colapso» registrado en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al tratar de implantar en sus cientos de procedimientos el expediente judicial electrónico. El caos en el tribunal es tal que los sindicatos que representan a estos trabajadores de la Justicia española, el STAJ y CC.OO., cursaron sus denuncias al Ministerio que pivota sobre Francisco Caamaño sin que se haya solventado el problema.

Lo que sí se consiguió, con el presidente de la Audiencia Nacional de testigo, fue paralizar que prosiguiese la digitalización masiva de todos los papeles que entraban en el Servicio Común para el registro, el reparto, digitalización y archivo. Dicho servicio está ubicado en la calle Goya, 14 de Madrid, adonde fue presencialmente ABC.es para atestiguar cómo las quejas son unánimes entre el personal que trabaja en el registro y en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Se dio parón también a la aplicación del expediente digital en la rama determinante de la Audiencia, la de lo Penal, si bien el portal dedicado a la Oficina Judicial en el Ministerio de Justicia -www.oficinajudicial.justicia.es- sigue pregonando a los cuatro vientos que este proceso «sumamente complejo» de implantación del expediente judicial electrónico continuará en los demás sectores de la Audiencia, así como las fiscalías, la Antidroga, la Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Tribunal Supremo, entre otros.

ABC.es ha recopilado las respuestas de todos los organismos ante los que los trabajadores de Justicia han dirigido sus denuncias y reclamaciones. El «proyecto estrella» del Gobierno de Zapatero en Justicia parece haberse estrellado y, por las contestaciones obtenidas, todavía es pronto para que se reconozca abiertamente que no funciona como se prometió:

1-. DEFENSOR DEL PUEBLO: Los 4.000 afiliados al sindicato independiente de la Administración de Justicia STAJ registraron su queja masiva ante el Defensor del Pueblo. Para ello, agregaron las firmas de los funcionarios de Justicia transmitiendo su preocupación por la situación «caótica» en la que viven día a día, con datos de procesos que se han perdido, digitalizaciones estancadas o que aparecen radiografiadas en un documento al que no corresponde esa parte escaneada. Alegaron, además, ante la institución que dirige María Luisa Cava de Llano y Carrió, que el perjuicio no solo radicaba en su labor como profesionales de la Justicia, sino que se estaba alargando «innecesariamente» la resolución de casos que afectaban directamente a la ciudadanía. Ésta no llega a entender por qué un proceso que antes duraba días, como incoar una demanda, conlleva ahora una dilación de semanas o, incluso, meses, se esgrime desde el personal de Justicia de la Audiencia Nacional.
 
El organismo Defensor del Pueblo ha confirmado a este periódico que tiene «la investigación abierta en estos momentos», después de «admitir a trámite» la denuncia interpuesta.

2-. LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Una situación similar ha ocurrido con la Agencia de Protección de Datos, ante la que STAJ ha personalizado sus reclamaciones. ¿Por qué se dirigen a una agencia que vela por la confidencialidad de datos particulares y privados? Una de las protestas que más vehemente corean los trabajadores de la Audiencia Nacional nace de que el Gobierno socialista ha subcontratado a una empresa externa, de seis a ocho trabajadores según la época, para dar un impulso en los últimos meses antes de las elecciones generales del 20 de noviembre al escaneado y registro de documentación jurídica. «Esas personas ajenas a la Justicia no tienen la cualificación debida ni son trabajadores autorizados, así que han tenido acceso a documentos secretos, datos de personas inmersas en procedimientos judiciales y a todo tipo de sumarios de la Audiencia Nacional», lamenta Emilia Rubio, portavoz delegada de STAJ. La Agencia de Protección de Datos investigará «si ha habido quiebra en la confidencialidad» de los datos y nombres que aparecen en los sumarios digitalizados.

3-. LA AUDIENCIA NACIONAL: Este periódico también ha consultado fuentes de la Audiencia Nacional que han confirmado el malestar existente por el estado en que se encuentra el proceso de digitalización en los documentos del organismo. Se remiten, no obstante, al Ministerio de Justicia para dar una valoración oficial e institucional.

4-. EL MINISTERIO DE JUSTICIA, A STAJ: La opinión de este departamento también ha sido recabada y se retrotrae a las misivas que ha dirigido el director general de Modernización de la Administración de Justicia, José de la Mata Amaya, a los sindicatos y personal que evidenciaron la errónea implantación del expediente digital.

El pasado 7 de octubre, STAJ dirigió una denuncia a la Dirección General ubicada en la calle San Bernardo, 45 de Madrid, en la que se daba cuenta de «la falta de medios personales e incentivos» para hacer frente a los nuevos servicios de digitalización. Se dolían por «la intromisión de la empresa de digitalización externa en el nuevo servicio de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo», mostrando su «disconformidad» con el proceso que está llevando a cabo la implantación de este servicio. «STAJ denunció que esta situación no se puede permitir ante el presidente y el secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional. Tanto si hay un funcionario de justicia presente o no, un tercero en este caso, una empresa contratada por el Ministerio de Justicia para digitalizar, no debe ni puede hacer uso de datos y funciones que son competencia exclusiva de los funcionarios de justicia», censuraron. «Solicitamos con carácter urgente que esta empresa deje de actuar», demandó en esta carta el sindicato, en la que también reiteró la profesionalidad de los funcionarios destinados a este servicio, que «cumplen horario por encima de su jornada laboral y han asistido a su puesto de trabajo a pesar de que debían estar de baja».

La respuesta de José de la Mata llegó una semana después. Con fecha 14 de octubre, el Ministerio de Justicia precisa que «no comparte la percepción de los funcionarios de que hay insuficiencia de medios personales» y que haber contratado a una empresa externa obedece a una «situación de carácter coyuntural derivada de la implantación del expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional». «Tampoco se prestan nuevos servicios sin incentivos -desdice el director general de Justicia-, y las funciones del personal funcionario que presta sus servicios en el nuevo servicio común son idénticas a las que venían desempeñando en los puestos de trabajo que ocupaban antes de su constitución», un extremo que negaron taxativamente algunos de los trabajadores mentados de este servicio.

«El fotocopiado no es exclusivo de funcionarios»

Sobre si personal externo tiene acceso o no a documentos privados, argumenta Justicia: «La actividad llevada a cabo por los catalogadores externos no es competencia exclusiva de los funcionarios de justicia, ya que se limita a la catalogación de escritos a través de un aplicación informática distinta al sistema de gestión procesal Minerva, por lo que en momento alguno se accede a datos o a procedimientos judiciales».

Concluye,una vez negada la mayor y pese a la opinión contraria de los funcionarios afectados,que «afirmar que la catalogación y la digitalización es una función exclusiva de los funcionarios de justicia es tanto como decir que también lo es el fotocopiado de documentos, la gestión de su archivo y otras actividades que, si bien son propias de los funcionarios de justicia, no lo son en exclusiva, procediéndose de forma habitual a externalizar esta actividad sin que en momento alguno haya sido objeto de denuncia o controversia».

Según la Dirección General, dos secretarios judiciales velan por la supervisión de este proceso que se está desarrollando en la Audiencia Nacional y «en ningún momento esos secretarios han dado parte alguno de incidencias o conflicto», pese a que, como se ha dicho, este periódico ha cotejado dicho malestar en distintas instancias y personal de este tribunal.

5-. EL MINISTERIO DE JUSTICIA, A SAJ-CC.OO.: De las mismas fechas son las quejas enviadas al secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, al mismo director general de Modernización y a la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia por Flora Martínez García, secretaria general de SAJ-CC.OO., y Javier Hernández Gutiérrez, responsable de Acción Sindical del mismo. El descontento plasmado en estas cartas abocó a una concentración a las puertas del inmueble de Goya, 14 los pasados días 2, 3 y 4 de noviembre donde se protestó por las «importantes deficiencias en el nuevo edificio que afectan a la salud de los trabajadores y la falta de soluciones a los gravísimos problemas en la implantación del expediente judicial electrónico». «El procedimiento judicial electrónico tiene atascados decenas de procedimientos por causas ajenas a los trabajadores, que no pueden acceder correctamente a las aplicaciones informáticas como el Minera-NOJ. Se llega incluso a una excesiva aglomeración de trabajadores en un solo espacio», reprobaron los manifestantes.

Se sufre un «tremendo deterioro en el servicio público por la falta de previsión y la mala gestión del Ministerio de Justicia, a pesar de las denuncias que los funcionarios destinados en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han realizado ante el secretario de Gobierno de la Audiencia y el Ministerio de Justicia», denunció SAJ-CC.OO. Asimismo, pusieron por escrito en octubre que no se estaba realizando digitalmente «ninguna demanda desde hacía más de 15 días. Las órdenes al Servicio Común de Registro y Reparto son las de emitir copias escritas de demandas sin ninguna relación». Además, criticaban que «muchos de los procedimientos que se encuentran digitalizados están desordenados cronológicamente y también han aparecido digitalizados trozos de un procedimiento en otro».

«La actitud opaca de los responsables»

Prosiguen con sus recriminaciones: «Se han retrasado sentencias o la firmeza de las mismas por no estar recibiéndose todos los escritos. Se cae continuamente el gestor documental. Hay dificultad para localizar en el gestor los escritos pendientes de cumplimentar porque al catalogarlos no se incluye el número de entrada en el registro y muchísimos no están en el gestor. Han desaparecido documentos, otros se han quedado en blanco y se pide su reproducción. Se produce a una descripción incorrecta de los escritos porque están mal catalogados. Hay problemas a la hora de copiar los expedientes administrativos en CD para entregar a las partes... Hay documentos por ejemplo, diligencias de constancia de remisión a otros Juzgados, que son imposibles de recuperar, o notificaciones al abogado del Estado sin fecha de notificación...».

Enjuicia Comisiones Obreras que «desde el inicio del proceso de digitalización, la actitud de los responsables de la misma ha sido opaca», y que estos «siguen expresando públicamente sin ninguna vergüenza ni sonrojo que el expediente digital está en marcha y que gracias a esto el funcionamiento de la Audiencia Nacional es mucho más ágil, eficaz y cercano a los ciudadanos que acuden a dicho órgano judicial».

En la respuesta que da Justicia a Comisiones, determina que «la situación que expone no afecta a la Sala de lo Contencioso porque aún no ha entrado en producción en la misma el expediente Judicial». Al contrario que todas las versiones recabadas, asegura que «en la Sala de lo Social, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y el Servicio Común todas las aplicaciones funcionan correctamente».

«Ningún problema o incidencia se ha ocasionado en este servicio. El desorden inicial de documentos en el gestor documental se encuentra ya solucionado. Tanto el gestor como Minerva funcionan correctamente y sin incidencia alguna. Las paradas en el sistema, mínimas y de corta duración, son paradas programadas necesarias de las que se advierte con suficiente antelación», aseveran con rotundidad. Y prosigue robando razón a los denunciantes: «La comunicación con los usuarios ha sido constante».

Por último, sobre el acceso de terceras personas de la empresa de catalogación subcontratada a documentación jurídica, aduce a que son «dinamizadores cuya labor es auxiliar a todos los componentes de la oficina judicial en el manejo de las nuevas aplicaciones y en ningún caso han accedido a la documentación judicial, ni a través de Minerva, ni a través del gestor documental. «Tampoco ha llegado ninguna denuncia al Ministerio de Justicia en este sentido por parte de los secretarios judiciales a quienes compete la custodia de los actos», apostilla el departamento ante un conflicto que dista mucho de estar resuelto.