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Bassan D., de 51 años, viaja desde hace años con un pendrive en su chaqueta. Es el consejo de su abogado para almacenar en este diminuto dispositivo electrónico los centenares de folios de las dos sentencias que le exoneran de su calvario judicial: le acusaron de colaboración con una célula yihadista. El sirio nacionalizado español teme que en cualquier rincón del planeta aparezcan sus antecedentes policiales ya que el Ministerio del Interior y la Agencia de Protección de Datos le han negado la cancelación de su historial en el fichero Perpol del Cuerpo Nacional de Policía.

Interior se niega a borrar sus antecedentes policiales por la "gravedad" de los hechos que motivaron su detención en 2007 por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que le acusó de colaboración con banda armada, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Una investigación que se derrumbó cuando la Sala de lo Penal la archivó y acusó a la policía de "fabular" una trama sobre financiación de la yihad y "manipular" y "ocultar" pruebas favorables al detenido, que pasó seis meses en la cárcel.

Pese al varapalo judicial, el más sonado que ha recibido la policía en este campo, el ministerio inscribe el caso en la excepción que marca la ley y que dice así: "Los responsables de los ficheros podrán denegar el acceso, la rectificación o cancelación en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando".

Bassan D., promotor inmobiliario, casado con una española y padre de dos hijos, creyó que la contundente sentencia de la Audiencia Nacional que archivó su caso sería suficiente para que Interior borrase sus antecedentes, pero todavía no lo ha logrado.

La batalla judicial ha sido larga y continúa. Cuando en 2009 la Dirección General de la Policía se negó a cancelar su ficha, Bassan solicitó la tutela de derechos al director de la Agencia de Protección de Datos, que no respondió en los seis meses de plazo que estipula la ley. En febrero de 2010 resolvió con una compleja respuesta: estimaba "por motivos formales" la reclamación por el denominado silencio positivo (el plazo había concluido), pero añadía que no procedía una nueva certificación policial "al haber quedado acreditado que (la policía) ha denegado motivadamente la cancelación de los datos del reclamante". Es decir, sí, pero no a la reclamación de tutela.

Leopoldo Torres, ex fiscal general del Estado y abogado del sirio-español, presentó en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo en el que criticaba a la policía y a la Agencia de Protección de Datos y aseguraba que para ambas, su cliente "sigue siendo, al parecer, sospechoso de ser un peligroso delincuente terrorista, merecedor de vigilancia, prevención y seguimiento permanente en tanto que amenaza para la seguridad del Estado". Y añadía: "La denegación de la cancelación de antecedentes policiales pone en riesgo su libertad de circulación interior y transfronteriza a merced de cualquier control policial fortuito, en España o en el transcurso de cualquier desplazamiento al extranjero, con peligro de ser retenido indebidamente como consecuencia de la transferencia a otras Administraciones o servicios policiales".

La Audiencia Nacional ha ordenado la cancelación de los antecedentes por motivos de forma, pero no de fondo. La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado José Guerrero, critica la demora de Protección de Datos en dictar su resolución, lo que "obliga a esta Sala a entender estimada la tutela de derechos y la demanda en un asunto en el que están en juego valores importantes de seguridad pública e interés general y en el que habría sido conveniente una mayor diligencia en el cómputo de los plazos". El fallo ha sido recurrido por el Abogado del Estado.

"Cuando te absuelven con sobreseimiento libre y cuando el tribunal se pronuncia sobre tu honorabilidad, ¿qué más hay que aportar para que te borren tus antecedentes policiales?", pregunta el letrado Leopoldo Torres.

FUENTE: www.elpais.com