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Cada vez más negocios de la Región, sobre todo bancos, hospitales, asesorías y gestorías, optan por recurrir a empresas especializadas para destruir con garantías su documentación más confidencial, tal como establece la Agencia Española de Protección de Datos. El negocio de la destrucción de documentosconfidenciales se ha convertido así en los últimos años en un filón en tiempos de crisis.

Así lo creen Santiago y Marcos Verdú, dos hermanos alicantinos que apostaron hace dos años por poner en marcha la firma Docweiler, aunque la coyuntura económica no era ni antes ni ahora la más propicia para absorber nuevas aventuras empresariales. El primero, deportista de élite, decidió que su carrera como jugador de balonmano tocaba a su fin y había que buscar otro trabajo. Su hermano, con Magisterio y experiencia en la empresa privada, también se involucró en esa búsqueda que finalmente les ha convertido en socios de la primera planta de la provincia dedicada exclusivamente a la destrucción y reciclaje de documentación confidencial.

Una factoría que da servicio ya a más de medio centenar de empresas de la Región de Murcia, entre entidades bancarias, hospitales (públicos y privados), asesorías e incluso organismos de la Administración.

Pero, ¿qué es un documento confidencial? Cualquier papel con nombre y apellidos y una dirección lo es, responde Marcos Verdú.

En mayo cumplieron dos años de su incursión en un mercado aún por explorar dado que pese a la digitalización de gran cantidad de documentos, el papel –motor de este negocio– sigue siendo, en muchos casos, insustituible.

Los resultados de la firma hablan por sí solos. En la actualidad, gestionan alrededor de 500 toneladas de documentos con información reservada al año tanto impresos como digitalizados, entre 35 y 40 toneladas al mes procedentes de entidades financieras, hospitales, asesorías o administraciones públicas que se cuentan entre sus principales clientes. Sin embargo, también pequeños negocios, bien porque les obliga la ley o porque la sensibilidad en asuntos medioambientales va en aumento, empiezan a demandar sus servicios. «El que prueba esta opción siempre aumenta su demanda», aseguran.

Su aspiración, sin embargo, no es conseguir mucho negocio sino que sea estable y con recorrido. «Se trata de asentarnos sobre los cimientos correctos» y en eso creen que les ayuda la coyuntura económica actual «Nacer en tiempos de crisis te da una idea real del crecimiento sostenido de una empresa. Se trata de tener muchos pocos», subraya Santiago Verdú, al tiempo que comenta que la empresa no ha entrado en beneficios «pero estamos pagando sueldos y la maquinaria». Empezaron con un furgón y un empleado y ya son seis las personas que trabajan fijas en la empresa y dos eventuales. En el arranque, destacan el apoyo que obtuvieron de la Cámara de Comercio «una gran desconocida», a su juicio.

El contexto actual creen que les ayuda porque muchas empresas se están reorientando y su objetivo no es solo ganar dinero.

La seguridad es el referente de esta empresa sujeta a Responsabilidad Social Corporativa, a la que no se puede acceder sin identificación. Los clientes, que previamente han firmado un contrato bajo el control de un abogado –en la mayoría de los casos por anualidades–, depositan los documentos de los que se quieren desprender en contenedores metálicos cerrados con llave que se instalan en sus propias empresas. Mensualmente, empleados de Docweiler, debidamente identificados, recogen estos contenedores y los trasladan a la planta que la firma tiene en el complejo de naves nido que la Cámara de Comercio de Alicante abrió en el polígono de Riodel, en Mutxamel. Allí, comienza el proceso de destrucción controlado por un sistema de videovigilancia. El papel triturado hasta un punto que es imposible recomponer se deposita en una compactadora que se sustituye unas cinco veces al mes. Este triturado lo recoge otra empresa dedicada a la fabricación de pasta de papel para reciclarlo, lo que completa el servicio que ofrecen a sus clientes.

Hasta ese momento, Docweiler es responsable de cualquier incidencia, lo que les ha obligado a formalizar un contrato de responsabilidad civil por valor de 600.000 euros, cantidad que coincide con la sanción máxima que la Agencia Española de Protección de Datos puede imponer a una empresa que vulnere la confidencialidad de personas en ámbitos tan sensibles como la salud o el sexo.

De hecho, son muchas las sanciones millonarias que se han impuesto hasta el momento a bancos, centros sanitarios o empresas que no han velado lo suficiente por salvaguardar este tipo de documentación que ha acabado, en ocasiones, en contenedores de basura.

FUENTE: www.laopiniondemurcia.es