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El Concello de Cee se niega a retirar las tres cámaras de vigilancia instaladas en la casa consistorial para controlar la plaza y las calles próximas y que carecen de la autorización pertinente de la Delegación del Gobierno. La Agencia Española de Protección de Datos le solicitó recientemente la retirada de los aparatos que graban hacia la vía pública o que los enfoque hacia espacios privados, después de una denuncia formulada por el Movimiento por los Derechos Civiles (MpDC).

El alcalde, el independiente Ramón Vigo, reconoció ayer que está pendiente de algunos trámites burocráticos y que se están tramitando todos los permisos necesarios para legalizarlas. En su opinión, si se cumplen esos requisitos que faltan el Concello no está obligado a retirarlas porque ya estarían dentro de la ley.

Vigo Sambade aclaró que ya se cumple la mayoría de los requisitos para poder tenerlas porque las pantallas están situadas en los locales de la Policía Local y las imágenes se destruyen cada quince días. El regidor lamenta que algunos particulares y entidades se dediquen a prestar más atención a "asuntos sin importancia" como éste que a otras cuestiones más preocupantes para todos los vecinos.

El MpDC critica la actitud del alcalde e insiste en que la Delegación del Gobierno fomenta prácticas de este tipo si finalmente decide legalizar las cámaras, después de más de un año funcionado sin permiso. Le entidad ya informó a la Agencia Española de Protección de Datos de que Concello no retirará las cámaras ni cambiará su ubicación. En su opinión, "era de esperar este tipo de actitud por parte del alcalde teniendo en cuenta la permisividad que la Delegación del Gobierno tiene al incumplimiento de la legislación en lo referente a la videovigilancia".

La entidad recuerda que la Delegación del Gobierno ya confirmó en su día que no se habían autorizado esas cámaras, puesto que nadie había solicitado formalmente su instalación. Además, la Agencia Española de Protección de Datos confirmó que no existe registro de las grabaciones a su organismo.

"Esa autoridad, que otorga los permisos para las cámaras, tiene conocimiento de las cámaras ilegales de Cee y no actúa", se lamenta el Movimiento por los Derechos Civiles, que recuerda que tampoco actuó contra la instalación de ese tipo de aparatos instalados en el Concello de Ares o en la estación de autobuses de A Coruña. Para la entidad, "resulta vergonzoso que mientras los ciudadanos deben cumplir las normas, la Administración sólo cumple las que le da la gana".

El Concello ceense instaló las cámaras de seguridad en la casa consistorial en el mes de agosto del pasado año. El Gobierno local tomó esa decisión después de que en el año 2009 alguien entrase en el edificio y se llevase la recaudación de las fiestas patronales de A Xunqueira. El Gobierno siempre defendió su utilidad para resolver diversos delitos y actos vandálicos que se registran en la zona y su función disuasoria.

 

FUENTE: www.laopinioncoruna.es