El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer, le dio hasta hoy al superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez, para que ordene retirar una cámara de seguridad que mira directamente al interior de su oficina.

"Esto es carpeteo", afirmó Ferrer. "Hay cientos de lugares donde las pueden poner y qué coincidencia que da para adentro de mi oficina", tronó el representante.

Ferrer también se comunicó con la presidenta de la Cámara, Jenniffer González, y ésta le aseguró que iba a dar la orden para que retiraran la cámara.

Indicó que González desconocía que la cámara de vigilancia miraba directo a su oficina.

Velázquez confirmó que recibió la petición de Ferrer, pero dijo que aunque las cámaras ya fueron instaladas no están funcionando todavía ni en la Cámara ni en el Senado. Indicó que consultará con la Presidenta de la Cámara el asunto a raíz de la queja de Ferrer.

Hoy se supo que unas 100 cámaras de vigilancia, a un costo de $1 millón, están siendo colocadas en puntos estratégicos del Capitolio para incrementar la seguridad en la Casa de las Leyes.

Velázquez expresó esta tarde que la colocación de las cámaras responde a la tercera fase de un plan que, entre otras cosas, busca reforzar la seguridad en el histórico recinto, sus anexos y el edificio Luis A. Ferré.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Miguel Gonzales, dijo que se están analizando las imágenes que lograron captar las cámaras de seguridad del hotel Las Américas, donde se puede ver a dos personas que presuntamente son las que robaron equipos de cine de Tibor Péter Bani, productor audiovisual húngaro que está en el país para realizar la película “Húngaros en las cárceles del mundo”.    

“Estamos verificando las imágenes de los videos para identificar a los posibles autores del robo”, dijo Gonzales, que dirige las pesquisas.    

Tibor es parte de un equipo de trabajo de la cadena internacional HBO, que produce materiales audiovisuales.    

Tibor Péter denunció el primer día de Carnaval que dos sujetos, presuntamente colombianos, ingresaron a su habitación (la misma donde fue abatido a tiros Eduardo Rózsa) para robarle su equipo de filmación.    

El cineasta llegó al país con la intención de entrevistar a su compatriota Elod Tóasó, preso en el penal paceño de San Pedro, al que vinculan con el presunto clan terrorista. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido conseguir el permiso para ingresar al penal y realizar su trabajo, por lo que decidió permanecer en la capital cruceña tomando contacto con personas vinculadas a esos hechos.

FUENTE: www.lostiempos.com

El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a un interno de un centro penitenciario de Asturias que se quejó de que a los reclusos en régimen cerrado se les cortaba el pelo con unos barrotes de por medio lo que, en su opinión, era un trato degradante y humillante.

Para acreditar la veracidad de su queja, el preso propuso al juzgado la declaración testifical de todos los internos del módulo, así como una copia de la cinta de grabación de la cámara de seguridad de las plantas en las que se podía comprobar que no se les cortaba el pelo en las celdas.

Antes de aceptar las pruebas propuestas por el preso, el juzgado de vigilancia penitenciaria de Asturias pidió un informe al centro penitenciario, que respondió que "el servicio de peluquería en el módulo de régimen cerrado se prestaba en la propia celda, en presencia del funcionario". Con ese informe, el juez archivó la queja al considerar innecesaria la práctica de la prueba testifical solicitada por el recluso. No obstante, el juez advirtió que, de producirse el hecho denunciado, "sería, efectivamente, de todo punto rechazable".

El asalto a la Base General Menacho en la localidad de Bótoa, en Badajoz, que tuvo lugar el pasado lunes se ha saldado con la detención de cuatro militares. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien ha explicado que se ha procedido a este arresto por haber sido "como mínimo" responsables de "negligencia" en el robo de una treintena de armas cuyo precio supera los 30.000 euros. Pero el principal partido de la oposición no habla de responsabilidades, sino de culpas y dice que lo sucedido es propio del "Ejército de Gila". A juicio del senador "popular", Ovidio Sánchez, "al final la culpa es del cabo de guardia", ha dicho haciendo referencia a Chacón a quien acusa, entre otras cosas, por sus recortes en el presupuesto de Defensa.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la ministra de Defensa ha anunciado el arresto de un sargento, un cabo y dos soldados que formaban parte del equipo de guardia la noche en que tuvo lugar en la Base General Menacho en la localidad de Bótoa el robo de 25 fusiles y diez pistolas. Los arrestos son el resultado de la investigación interna desarrollada por el Ejército de Tierra. 

"No fallaron los medios técnicos, fallaron las personas", ha destacado Chacón después de explicar las medidas de seguridad con las que cuenta la base, reforzadas tras un primer intento de robo hace tres años. La responsable de Defensa ha especificado que la noche del pasado 28 de febrero el fallo fue de "algunos de los miembros del equipo de guardia".

En concreto, ha detallado que la base cuenta con 44 cámaras de seguridad, un cierre perimetral doble con sensores de movimiento, un centro de control con seis monitores y alarmas en todos los lugares sensibles de la base, así como un equipo de guardia las 24 horas compuesto por 12 militares que trabajan un día de cada cinco y los otros cuatro se dedican a la formación en tareas de seguridad. 

Una ciudadana española acudió a las autoridades italianas y muy acongojada reveló que había sido víctima de una violación, en cercanías a la tradicional Plaza España de Roma.

El asunto disparó las alarmas de seguridad de la ciudad, toda vez que habían recibido una denuncia similar, y porque se trata de uno de los sitios más turísticos de Italia.

Comenzaron las investigaciones y tras hallar algunas incongruencias en la declaración y no encontrar evidencias en las cámaras de seguridad, la joven supuestamente agredida confesó que había mentido para ocultar una noche de desenfreno sexual con su novio.

Qué mal que alguien sea incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos personales y permita que se afecten la honra del joven, la política y la seguridad de un país.

 

FUENTE: www.elcolombiano.com