CECA se queda sin contrato con la Generalitat valenciana por no pagar a sus vigilantes
CECA se queda sin contrato con la Generalitat valenciana por no pagar a sus vigilantes
La empresa de seguridad acumulaba nóminas atrasadas de 80 vigilantes de edificios judiciales. La 'conselleria' encarga de emergencia a CLECE (ACS) que asuma la tarea
La Generalitat valenciana se ha visto obligada a rescindir mediante un procedimiento de emergencia el contrato de vigilancia de edificios judiciales que mantenía con la empresa CECA Seguridad. La firma, con oficinas en Valencia, Madrid, Castellón o Alicante, acumulaba retrasos en el pago de las nóminas a sus empleados, que en el caso de los vigilantes que prestaban servicios a la Conselleria de Justicia, eran unos 80.
La drástica solución se produce como consecuencia del malestar existente entre los profesionales y el impacto que esto podía tener en la prestación de un servicio clave en puntos calientes como son los juzgados de toda la Comunidad Valenciana, incluida la Ciudad de la Justicia de Valencia, una tarea compartida con agentes de la Guardia Civil. El contrato se ha entregado de manera provisional a la firma CLECE, filial de ACS, que se ha subrogado la prestación del servicio de forma interina hasta que se convoque un nuevo concurso y se adjudique al contratista seleccionado.
"Ha habido una reiterada reducción de vigilantes, con el consiguiente riesgo para los edificios y dependencias judiciales", dice Ferran Puchades
El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, afirmó que la declaración de emergencia firmada el pasado jueves por la 'consellera' Gabriela Bravo responde a "la urgente necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana" ante los "reiterados incumplimientos de la empresa cesante, tanto en cuanto a sus obligaciones con la Administración como con su propio personal".
La Generalitat valenciana se ha visto obligada a rescindir mediante un procedimiento de emergencia el contrato de vigilancia de edificios judiciales que mantenía con la empresa CECA Seguridad. La firma, con oficinas en Valencia, Madrid, Castellón o Alicante, acumulaba retrasos en el pago de las nóminas a sus empleados, que en el caso de los vigilantes que prestaban servicios a la Conselleria de Justicia, eran unos 80.
La drástica solución se produce como consecuencia del malestar existente entre los profesionales y el impacto que esto podía tener en la prestación de un servicio clave en puntos calientes como son los juzgados de toda la Comunidad Valenciana, incluida la Ciudad de la Justicia de Valencia, una tarea compartida con agentes de la Guardia Civil. El contrato se ha entregado de manera provisional a la firma CLECE, filial de ACS, que se ha subrogado la prestación del servicio de forma interina hasta que se convoque un nuevo concurso y se adjudique al contratista seleccionado.
"Ha habido una reiterada reducción de vigilantes, con el consiguiente riesgo para los edificios y dependencias judiciales", dice Ferran Puchades
El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, afirmó que la declaración de emergencia firmada el pasado jueves por la 'consellera' Gabriela Bravo responde a "la urgente necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana" ante los "reiterados incumplimientos de la empresa cesante, tanto en cuanto a sus obligaciones con la Administración como con su propio personal"....LEER NOTICIA COMPLETA.