Ceuta:La fase 2 del Tarajal decidirá si sigue con la seguridad privada.

 

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Se ha convocado una asamblea para esta semana donde se decidirá si aumentan la cuota o eliminan a la empresa contratada

Durante esta semana habrá novedades en relación con la seguridad privada en los polígono del Tarajal. Concretamente, en la fase 2, cuyo máximo responsable es Bilal Dadi, tiene intención de celebrar una asamblea de su comunidad de propietarios para que por parte de los mismos se decida cuál será el futuro.


Recordemos que ésta fue, hasta el momento, el único de los polígonos que siguió las directrices de la Delegación del Gobierno y presentó, en tiempo y forma, un Plan de Seguridad que contó con el visto bueno del servicio de seguridad privada de la Jefatura Superior de Policía.


La idea que mantenían desde un principio era que esta seguridad privada fuera abonada con la tasa impuesta por parte de la dirección de la fase, pero dada la huelga de brazos caídos que realizaron los porteadores, al final no tuvieron más remedio que eliminarla. A partir de entonces, la única fórmula que tenían para sufragar este servicio les ha desaparecido de pronto. Por tanto, en esa reunión, se deberá decidir si eliminan la misma o si incrementan la cuota que abonan todos los meses para el mantenimiento de los gastos de la comunidad. Por tanto, la solución definitiva está en sus manos.


Bilal Dadi, ha declarado a esta redacción, que han tenido que eliminar la tasa “porque Marruecos ha sido la que no ha querido que los porteadores la abonen y no les ha quedado más remedio que eliminarla”.


En relación con la reunión que tuvieron los cuatro presidentes de los polígonos del Tarajal, Dadi ha indicado que sus otros compañeros le preguntaron sobre el funcionamiento de los vigilantes de seguridad y que entendía, desde luego, que si les iban bien a ellos, a lo mejor se sumaban también a la presentación de sus respectivos planes de seguridad. No olvidemos, desde luego, que ahora mismo los otros tres polígonos tienen abierto un expediente por parte de Delegación al incumplir la normativa vigente que llegarían incluso a los 100.000 euros y a cerrar durante varios meses los establecimientos.


También se refirió a que seguía sin entender que por parte de la Ciudad Autónoma se tuviera contratada a la empresa Eulen con un coste muy importante...LEER NOTICIA COMPLETA