«Los porteros de discoteca nos jugamos el físico cada noche, y la ley no nos respalda». El colectivo, en vías de profesionalización, hace una llamada de auxilio ante la insatisfacción que les deja el decreto de la Xunta 8/2010 (regula la actividad de control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas), y que, sostienen, «exige mucho y da poco».
El caso del portero de un pub de Lugo envuelto el pasado 24 de octubre en un suceso que acabó con dos heridos por arma blanca y un cruce de denuncias hizo acrecentar la inquietud. Y donde más crítica se vuelve sobre el decreto es cuando este fija las funciones del controlador de acceso -portero de discoteca de toda la vida- en lo que se refiere a situaciones de tumulto.
El párrafo que suscita el disgusto general y la polémica establece su deber de informar «al personal de vigilancia, si lo tuviese, o, en su defecto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las alteraciones del orden que se produzcan en los accesos o en el interior del establecimiento, sin perjuicio de las actuaciones que pueda llevar a cabo con el fin de velar por la integridad física de las personas y los bienes, cuando la urgencia lo requiera».
Intrusismo y precarización
Sindicatos y porteros advierten ambigüedad cuando habla de lo que han de hacer mientras llega la policía. La CIG denuncia que esto abre la puerta al intrusismo y la precarización en el sector de la seguridad privada, ya que «atribúe aos porteiros funcións usurpadas aos vixiantes de seguridade que están recollidas na lei e que precisan dunha titulación do Ministerio del Interior», subraya Pedro Pérez, responsable del sindicato. «O que se busca é abaratar o traballo, xa que o soldo dun porteiro non alcanza a metade do dun vixiante de seguridade», insiste para apuntar que la indefinición del decreto genera «un vacío legal que provoca que teña el que decidir actuar ou non baixo a súa responsabilidade», lo que lo coloca sin cobertura legal ante una denuncia. «Fomenta a alegalidade -recalca- para facilitar un servizo máis barato ás empresas». Para regular la profesión, exige Pérez, «hai que reformar a Ley de Seguridad Privada estatal, pero sen quitarlle funcións ao vixiante».
Emilio López Potente, presidente de la Asociación Galega de Porteiros Profesionais, anota «contradicciones» en sindicatos y compañías de seguridad y recuerda que estas utilizan «una figura similar al controlador de accesos en centros comerciales e hipermercados donde ponen un guarda de seguridad y varios subalternos, que no son sino porteros con walkie-talkies». Y es que, razona, «claro que tiene mucho que ver la economía» porque una empresa de hostelería no puede poner en nómina a un guardia de seguridad. «Si lo quieres, contrato mercantil con la firma de seguridad, que te envía un guardia, que es carísimo, y si acepta, porque no suelen querer que trabaje uno solo. Mientras, un controlador te puede salir por 300 euros al mes».
Samuel Pousada, presidente de la federación gallega de salas de fiestas y discotecas, cree que el decreto «no era necesario», y por ello lamenta especialmente que «se haya hecho mal, imponiendo al portero funciones contradictorias, sin definir».
«Sin complicarse la vida»
«No hay ambigüedad en la norma, el portero no es seguridad, no debe complicarse la vida, lo suyo es controlar el acceso», tercia José Carlos García Bouzas, director xeral de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), que forma y examina a los aspirantes a obtener la acreditación de controlador de la Xunta. «En el altercado simplemente deben llamar a la policía», zanja.
«Hablamos de discotecas de 5.000 metros cuadrados con 1.500 personas en una noche normal, y que pueden ser 3.000, con ocho porteros, tres visitas de ambulancia por noche y una de la Guardia Civil como mínimo», objeta un controlador.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es