La polémica suscitada sobre la conveniencia de instalar cámaras de videovigilancia en las zonas conflictivas de copas de la capital burgalesa va camino, si nadie lo remedia, de cerrarse de nuevo en falso. Sería lamentable que hubiera que esperar a un nuevo suceso grave en Las Llanas o las Bernardas, como el acontecido el pasado mes de diciembre, para que los responsables municipales y estatales se pusieran de acuerdo en quién debe solicitarlas. Esperemos que en la próxima reunión de la Junta de Seguridad se imponga el sentido común y de una vez por todas Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno pidan al unísono las dichosas cámaras. Desde luego que estos artilugios no son ningún bálsamo de Fierabrás para aquietar las noches de los fines de semana, pero la subdelegada Tricio, reacia a tomar la iniciativa, sabe que son un instrumento importante para la prevención y que darán mayor eficacia a los dispositivos policiales a la hora de actuar. Ahí está para demostrarlo el ejemplo de León. 

Por más que se trate de edulcorar la realidad, existe un problema serio de violencia juvenil en las zonas de ocio nocturno que requiere con urgencia nuevas medidas policiales para atajarlo y para ello los responsables de la seguridad ciudadana deben utilizar todos los medios a su alcance y, sobre todo, coordinar esfuerzos e instrumentos, dejando a un lado diferencias y dependencias. La cuestión es muy seria para andar con partidismos y protagonismos. 

Lo que está en discusión es colocar cuatro puñeteras cámaras en los lugares calientes, no hacer de Burgos un gran hermano ni sembrar la ciudad de ojos indiscretos. No hay recetas mágicas, pero si se refuerza la presencia policial y se añade la videovigilancia se habrá avanzado en la resolución del problema y es eso y no otra cosa lo que pide la ciudadanía.

FUENTE: www.diariodeburgos.es