• Las cámaras lectoras de matrículas de Salamanca ya sancionan a conductores que incumplen normas.

    Las cámaras de videovigilancia de Salamanca ya sancionan a conductores que infringen las normas de conducción vial

    El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto expedientes sancionadores a 50 conductores tras ser descubiertos por las cámaras de videovigilancia que operan en las zonas peatonales de la ciudad. Este dato fue aportado por el jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández, en una reciente reunión que celebró la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes del Consistorio, dando respuesta a una pregunta formulada en este sentido por el Grupo Municipal de Ciudadanos. En la comisión también quedó patente que se está comprobando el funcionamiento del sistema, con el fin de subsanar los posibles fallos o errores que pudieran producirse.

    Las 21 cámaras lectoras de matrículas existentes comenzaron a funcionar el pasado 20 de marzo, aunque los dispositivos fueron adquiridos por el Ayuntamiento mucho antes, concretamente en abril de 2014.

    El número de matrículas autorizadas para controlar la entrada en las vías peatonales asciende a unas 10.000. Precisamente, el Consistorio afirmó meses atrás que había desarrollado este sistema de control de accesos mediante lectores de matrículas con el fin de permitir a los residentes a acceder con facilidad a sus garajes, ayudar a los comerciantes en el buen funcionamiento de sus empresas, a los padres y madres de escolares a acceder a la entrada y salida de los centros educativos, a los turistas a llegar a sus hoteles, favoreciendo también la movilidad de los taxistas y servicios de emergencia y permitiendo el uso de los aparcamientos públicos del centro.

    El grupo de gobierno del PP anunció en mayo que la puesta en funcionamiento de estas cámaras había permitido reducir en un 20% el volumen de tráfico en el centro de la ciudad, un porcentaje del que discrepó el PSOE, que consideró que el nivel de circulación no había experimentado variaciones por la implantación del nuevo sistema.

    Los conductores que han sido descubiertos 'in fraganti' por las cámaras de videovigilancia, al haber penetrado en las zonas peatonales sin contar con autorización para ello, se pueden enfrentar a sanciones y multas que ascienden a 90 euros.

     

    cámaras lectoras de matrículas

     

    Fuente: elnortedecastilla

     

  • LLegan a Getafe lectores de mátricula mediante cámaras de videovigilancia y seguridad

     

    Sistemas de seguridad y cámaras de videovigilancia ya leen matrículas 

     Apartir del próximo día 1 de octubre, el Ayuntamiento de Getafe pondrá en marcha un nuevo sistema de vigilancia y control para evitar el acceso de vehículos no autorizados por calles peatonales de la zona Centro de la ciudad. Según ha anunciado el Consistorio en un comunicado, en los próximos días se implantará un sistema de regulación del acceso en determinadas calles “con el fin de evitar el paso de vehículos no autorizados, y garantizar el buen uso de las zonas peatonales”.

    De esta manera, la Policía Local llevará a cabo lecturas de matrículas mediante cámaras de videovigilancia ya instaladas en las calles Felipe Estévez, Paseo de Pablo Iglesias, calles Sevilla, Vergara Velasco y Gaviota. De esta manera, podrán acceder a esta zona los vehículos de residentes y usuarios de plazas de garajes con la autorización administrativa correspondiente, así como urgencias y servicios públicos o vehículos de carga y descarga de mercancías en el horario establecido.

    lectores matriculas

     

    El sistema, tal y como anuncia el Gobierno local, iniciará su funcionamiento en período de pruebas entre el 1 al 14 de octubre, de manera que durante los citados días se avisará a los vehículos infractores. A partir del día 15 se empezará a multar a quienes accedan sin el pertinente permiso.

    Los residentes y usuarios de plazas de garajes de las calles peatonales de la zona Centro que tengan la autorización administrativa del año 2017 no tendrán que efectuar ningún trámite administrativo, mientras que aquellos usuarios que carezcan de dicha autorización deberán actualizarla mediante solicitud, a través del Registro General del Ayuntamiento de Getafe. Paralelamente, en la calle Madrid se han instalado bolardos especiales para evitar el acceso de vehículos comerciales fuera del horario de carga y descarga, sin impedir el paso de los vehículos de los vecinos a la zona de garajes.

    Fuente: getafeactualidad

  • Sancionan a empresas de telecomunicaciones con 10,3 millones por abusos continuos a los clientes

    La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso durante todo 2014 unas 550 multas a las principales compañías de telecomunicaciones por un valor conjunto de 10,3 millones de euros, según los datos extraídos por Vozpópuli del listado de “Resoluciones de Procedimientos Sancionadores de 2014” publicado en la web del organismo.

    La compañía que más infracciones cometió fue Vodafone, que recibió 148 multas cuyo monto total ascendió a 4,65 millones de euros. La Agencia ha castigado al operador británico con sanciones medias que van de los 25.000 a los 50.000 euros por cada denuncia con resultado de infracción. Cobro de servicios no contratados; uso de los datos personales de clientes sin su consentimiento para ‘colar’ nuevas tarifas y servicios; inclusión de abonados en ficheros de morosos pese a estar al corriente de pago; no tramitación de bajas y un sinfín más de infracciones fueron las que colocaron a Vodafone en el primer puesto del ranking de operadoras multadas por la AEPD.

    Pese al multazo total de 4,65 millones, la compañía presidida por Francisco Román y dirigida por António Coimbra ha mejorado sensiblemente frente a 2013, año en el que recibió más de 200 multas por un valor conjunto de casi el doble, unos 8,5 millones de euros.

    También mejoró el grupo Telefónica, que en sus versiones fija y móvil se ha llevado este 2014 un rapapolvo conjunto de 2,88 millones de euros, frente a los 4,4 millones que tuvo que abonar en 2013.

    La Agencia impuso al principal operador unas 100 sanciones, muchas de ellas de 50.000 euros. En una de ellas, por ejemplo, la inspección constató que “de todo lo actuado en la investigación previa se concluyó, salvo prueba en contrario, que Telefónica Móviles España realizó tratamiento de los datos personales de la persona denunciante sin su consentimiento inequívoco al incorporar a su fichero de clientes como titular de servicios que no había contratado. Siguiendo con la gestión de ese contrato y sin realizar comprobaciones de la identidad con suficiente diligencia incluyeron sus datos personales asociados a una deuda en los ficheros de morosos Asnef y Badexcug”.

    Pero también otras muchas multas por cobro de servicios no prestados, imposición de tarifas sin conocimiento del abonado, no tramitación de bajas pese a realizarse en los plazos fijados y seguir bombardeando a los clientes con publicidad pese a pedir éstos expresamente que así no fuera, entre otras infracciones.

    El tercer operador, Orange, actualmente en proceso para comprar Jazztel, recibió 154 multas, si bien de cuantías medias inferiores (entre 5.000 y 20.000 euros de media).

    Han sido 2,18 millones de euros en monto global, una cantidad que supera los 1,37 millones que tuvo que abonar en multas de la Agencia de Protección de Datos en 2013.

    Una de las pocas multas de 50.000 euros que recibió por una infracción grave por modificar los datos personales de una cliente al que se le atribuyeron dos contratos: “se ha verificado que sobre el contrato ***CONTRATO.1 de la denunciante se han producido dos modificaciones de datos: con fecha 23/07/2013 consta una modificación del nombre y apellidos quedando registrado “ C.C.C.” Con fecha 06/09/2013 consta una modificación del nombre y apellidos quedando registrado “ A.A.A.” Se ha comprobado que en las facturas emitidas y facturadas a la denunciante constan emitidas facturas de la línea F.F.F. a nombre de C.C.C.”, señala la resolución aprobada por la Agencia.

    El grupo Jazztel salió bien parado en 2014, al recibir multas por un valor total de 349.000 euros, pese a ser una de las compañías del sector más agresivas en captación de clientes y oferta de nuevos servicios.

    El grupo Yoigo se llevó multas por 166.000 euros, seguido de ONO, el grupo adquirido por Vodafone que recibió sanciones por sólo 78.000 euros en total.

    En general, pese a la cantidad de expedientes sancionadores, casi siempre favorables a los denunciantes, el sector mejoró frente a 2013, año en el que las suma de todas las multas fue de 14,6 millones de euros.

    Fuente: Vozpopuli

  • Sancionan a un local de Madrid por grabar la via pública con cámaras de seguridad

    La sala Kiss Madrid, en la calle Maqueda del distrito de Latina, ha sido multada con 6.500 euros por parte de la Audiencia Nacional por grabar la vía pública con sus cámaras de seguridad, según una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

    La empresa Eduvigis Hostelería, propietaria del establecimiento, manifestó en su defensa no tener constancia del procedimiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha confirmado la resolución.

    Los propietarios alegaron, entre otras cosas, "que la resolución sancionadora no les había sido debidamente notificada, produciéndole indefensión, y que no es culpable de la infracción que se le imputaba", al considerar que la responsabilidad debería recaer sobre el titular de la actividad del local.

    Se envió a la dirección de la sede social La Audiencia considera que sí es válida la notificación de la resolución por parte de la Agencia porque, aunque se intentó entregar sin éxito hasta en dos ocasiones, se envió a la dirección que figuraba como sede social de la empresa en los registros. Además, tras no poder entregar la notificación de la Agencia por vía postal, "se expuso en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid y consta su publicación en el BOE ".

    El abogado especialista en Protección de Datos Personales, Wenceslao Miralles, ha explicado que no recoger un burofax o una carta certificada "perjudica más que beneficia porque se pierde el tiempo para hacer valer tus derechos, no deja tiempo de reacción y negociación y, sobre todo, no impide que los procedimientos continúen su tramitación".

    Sobre la legalidad de la instalación del sistema videovigilancia, el tribunal explica que "el acta constata la existencia de cámaras que graban en el exterior". Dichas cámaras, según la sentencia, vulneran el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, referido a que los particulares deben ser informados previamente sobre cuál va a ser el uso que se va a hacer por parte de la empresa de las imágenes obtenidas.

    La infracción, considerada como grave por la Agencia Española de Protección de Datos al "no atender a los requerimientos o apercibimientos recibidos", podía haber supuesto a la empresa una sanción de entre 40.001 y 300.000 euros. Finalmente la cuantía se fijó en 6.500 euros tras graduar la multa atendiendo a criterios como el carácter continuado de la infracción , los beneficios obtenidos por la comisión de la misma o el grado de intencionalidad, entre otros.


    Fuente: EntornoInteligente