an sólo tres años han transcurrido desde que en Tuluá se realizó una inversión millonaria para comprar 32 cámaras de seguridad, que fueron instaladas en igual número de sitios estratégicos de la ciudad, y en este momento tan sólo hay seis en funcionamiento.

Según el secretario de Gobierno del Municipio, Jhon Jairo Gómez Aguirre, el monto de la inversión superó los 1.800 millones de pesos.

Por esta razón la comunidad le exigió a la Administración Municipal, y a la Policía en particular, rendir un informe detallado y dar a conocer los resultados que se han obtenido con el funcionamiento de estas cámaras de seguridad, desde que fueron instaladas en la ciudad.

Asimismo, los tulueños desconocen qué delitos se han evitado gracias a las cámaras que están ubicadas en las principales vías y en la zona comercial del Municipio.

Por el contrario, varias personas han sido asesinadas cerca de estas cámaras y estos equipos no han sido utilizados para capturar a los responsables.

Como se viene repitiendo periódicamente, gracias a las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Florencio Varela, en las últimas horas trabajando juntamente la sala de monitoreo y la seccional primera de Florencio Varela se logra la inmediata intervención policial en el mismo momento en que se está produciendo un hecho ilícito.

Tras el registro de la cámara de seguridad instalada en la intersección de las calles Lope de Vega y Avenida San Martín, se logró detectar que un individuo intentaba abrir un vehículo estacionado en la vía pública, por los que se dio rápido aviso a la unidad policial y los efectivos redujeron y aprehendieron al sujeto.

Otro hecho

Asimismo y también en horario nocturno, a través de la cámara ubicada en la intersección de las calles Quinquela Martín y Santiago del Estero, se logró avistar a otros dos individuos que se encontraban consumiendo estupefacientes en la vía pública.

Sorprendidos "in fraganti", personal de la comisaría primera concretó las aprehensiones, secuestrándose marihuana ya lista para ser consumida y comercializada en la vía pública.

Cabe agregar que en ambos hechos tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción en turno Descentralizada del partido de Florencio Varela.

Investigan un siniestro

Cerca de la medianoche del lunes se registró un incendio en un vehículo y, según el damnificado, se trata de establecer si se trató de un siniestro intencional.

El fuego se desató cuando el dueño de casa, al poner en marcha el vehículo en el inmueble ubicado en la calle Pehuajó al 1300, la unidad se prendió fuego.

Pese a la intervención del los bomberos locales el rodado sufrió pérdidas totales y el damnificado radicó la denuncia en la comisaría de Bosques.

Igualmente los peritos y la Policía trataban de determinar si se trató de un incendio accidental o bien se trató de un atentado con algún elemento explosivo que dio origen al fuego, que destruyó el rodado.

FUENTE: ww.elsolquilmes.com.ar

El Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex buscan acordar con las autoridades de seguridad pública del estado, estrategias de prevención y protección ante la incidencia de delitos como el secuestro exprés.

Aunque muchos organismos empresariales no tienen un registro oficial del aumento o presencia de casos de secuestros exprés entre sus agremiados, esta problemática sí se ha presentado en varios sectores de la población, como son ciudadanos comunes, actores políticos (diputados, alcaldes y familiares de éstos), empresarios, ganaderos, comerciantes, particularmente de la zona sur poniente y centro de la capital morelense. Por lo que, al respecto, los líderes camarales señalan que se están tomando medidas y acciones en conjunto con las autoridades estatales.

Luis Enrique Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), confirmó que tienen conocimiento de varios casos y aunque “afortunadamente no es un dato elevado y generalizado, sí es altamente preocupante esta situación, porque tenemos conocimiento de que esto ha impactado en la economía del estado, toda vez que muchos negocios han tenido que cerrar ya que para poder hacer frente al monto de lo solicitado para el rescate, han tenido que recurrir a la venta de los bienes inmuebles con los que cuenta la familia”, detalló.

“Esto -prosiguió Rodríguez Jiménez- habla de que hay una gran ineficiencia por parte de las corporaciones policiales y una política de seguridad y prevención poco eficaz”. “Por lo que, en ese sentido, la Coparmex a través de la Comisión de Seguridad Pública estamos ocupados en el tema y parte de nuestra contribución es el diseño del Observatorio Ciudadano, que estamos a unos días de poner en marcha y que justamente es a través de esta figura ciudadana que pretendemos contar con un diagnóstico real del tema de la inseguridad en el estado y generar políticas públicas para prevenir y evitar este tipo de delitos”.

Asimismo, manifestó que se han emitido a los socios de la cámara una serie de recomendaciones encaminadas a generar una cultura de prevención en el manejo de sus actividades personales y en la conducción de sus negocios, como el hecho de no usar vehículos ostentosos, no hacer tratos o negociaciones pocos seguros, aprovechar el uso del internet para cerrar acuerdos y tratos en instituciones bancarias, no manejar efectivo y resguardar a través del uso de la tecnología los inmuebles de los distintos socios; adicional a recomendar una serie de mecanismos coordinados que les permitan tener mayor protección personal, familiar y de negocio.

Por su parte, Juan Carlos Salgado Ponce, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), confirmó que esta situación del secuestro exprés y otros temas de inseguridad se abordaron en el pasado Consejo Estatal de Seguridad Pública, “donde ha habido quejas incluso de presidentes municipales, más en la zona sur poniente del estado. Por lo que el tema es delicado y las autoridades deben tomar cartas en el asunto y estar atentas para lograr acciones coordinadas con respuestas inmediatas a este tipo de situaciones que son graves para el desarrollo y la seguridad de los morelenses”.

Afirmó que se están teniendo reuniones constantes con el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Toledano Sánchez, quien ha mostrado disposición para que desde la sociedad y los empresarios se puedan construir estrategias y acciones tendientes a mejorar esta situación de inseguridad, e incluso sigue pendiente que en estas reuniones del consejo estatal participen también las direcciones municipales de Seguridad Pública que hay en los diferentes municipios.

Salgado Ponce señaló que si bien desde el CCE tampoco tiene reportes oficiales de empresarios o comercios afectados por el secuestro exprés, “sí conocemos de varios casos”, por lo que además de las recomendaciones que ya se mencionaron por parte de la Coparmex, “se está trabajando en elaborar un padrón de elementos de las empresas de seguridad privada e incluso de los trabajadores de los famosos valet parking, porque desde estos lugares filtran información, lo cual será en beneficio de las empresas que otorgan el servicio, pero también para quienes contratan personal privado para su seguridad”.

Por otro lado, también “se está trabajando en el programa de Taxi Seguro; las rutas seguras, el establecimiento de puntos base que hemos venido insistiendo, entre otras acciones, por lo que se acordó que en la próxima reunión del consejo de seguridad pública se tengan avances significativos de estos programas para ir mejorando la seguridad e integridad de los morelenses y también de quienes visitan el estado”, finalizó el líder empresarial.

FUENTE: www.launion.com.mx

Las inversiones mexicanas y de otros países empiezan a buscar nuevos destinos, como Honduras, ante la inseguridad jurídica y ciudadana que impera en Guatemala.

De acuerdo con representantes de la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala (Ascabi), la inseguridad ha causado que las 968 empresas extranjeras que operan en el país tengan problemas en sus actividades.

Rafael Briz, presidente de Ascabi, refirió que se debe incentivar esa inversión a través de un mejor clima de negocios con seguridad y certeza jurídica.

Las exportaciones a través de la Ascabi equivalen al 47.64 por ciento, y las importaciones, al 54.16 por ciento del comercio guatemalteco.

La Ascabi pidió al Gobierno que se garantice a los pobladores la libertad, la justicia y la seguridad.

Asimismo solicitó al Ejecutivo y a la Fiscalía que en forma inmediata inicien acciones para la investigación y persecución penal de los responsables de los bloqueos y tomas de carreteras, manifestaciones y concentraciones que violan la libertad de locomoción y el desempeño de la industria y comercio.

Según Briz, por cada protesta los integrantes de la Asociación pierden entre Q50 millones y Q100 millones.

FUENTE: www.prensalibre.com