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La denuncia del uso de una filmación para iniciar un sumario administrativo, que fue desmentida, reflejó un problema de fondo: la ley provincial que delimita los alcances del sistema de acuerdo al derecho a la privacidad aún no fue reglamentada.  

El sistema de videovigilancia que funciona en una docena de espacios públicos de Rosario cobró su primer traspié con la acusación que un empleado municipal formuló contra el gobierno local de utilizar esas imágenes para sancionarlo por una falta a sus funciones. El Ejecutivo municipal, por su parte, desmintió la veracidad de esa imputación. Al margen de ese conflicto puntual, lo que quedó en evidencia es una cuestión de fondo: la ausencia de un marco legal que sustente y legitime el registro de imágenes en la vía pública y el uso que se le dé a esos datos.  

Argentina carece de una ley nacional que regule el uso de videocámaras de seguridad. La norma más cercana que atañe a cuestiones donde queda en juego el derecho a la intimidad es la ley nacional 25.326 de protección de datos personales, pero no alcanza a englobar todas las particularidades de la herramienta tecnológica que ya varias ciudades adoptaron a caballo del reclamo social de seguridad pública. El problema es que la provincia de Santa Fe nunca adhirió a esa ley nacional, según advirtió el especialista en derecho constitucional Oscar Puccinelli, quien además integra la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario.

Un hombre secuestrado en Castelar fue rescatado en el partido de Tigre después de que se diera parte al 911. La policía atrapó a los dos delincuentes que portaban armas y picanas

El hecho se produjo en Castelar, partido de Morón, alrededor de las 21:00 hs. cuando un hombre que salía de la casa de su suegro fue abordado por dos delincuentes que se le subieron a su automóvil Nissan Murano y lo privaron de su libertad para llevarlo desde allí a su casa en Tigre ubicada en el barrio cerrado Barrancas del Lago con el objeto de que les entregara dinero.

Una vez que los delincuentes se apoderaron de alrededor de $20.000, salieron por el corredor vial Bancalari-Benavídez con rumbo desconocido hacia el lado de la ruta 197 con la víctima aún como rehén, pero un alerta al sistema de emergencias 911 puso en conocimiento a las cámaras de seguridad del Municipio de Tigre, a la policía y a los móviles de seguridad municipales que colaboran con los patrullajes policiales.

El coordinador del Ministerio de Gobierno, Javier Sosa, aseguró que Gatica declinó la invitación para firmar el convenio. El intendente lo negó.

La instalación de cámaras de seguridad en unas 20 localidades como parte de un convenio con la Provincia generó polémica entre el intendente de Jesús María, Marcelino Gatica, y el coordinador del Ministerio de Gobierno, Javier Sosa.

Gatica dijo que ofreció ensamblar las cámaras ya montadas en Jesús María con el sistema provincial pero que no obtuvo respuesta del Gobierno, mientras que Sosa aseguró que el intendente declinó la invitación para sumarse al convenio.

“Me llamaron el viernes previo a la entrega de las cámaras diciéndome que la provincia había puesto en marcha un plan parar entregar cámaras a las 20 ciudades más grandes de Córdoba. Yo les conté que hace cinco meses que Jesús María tiene 21 cámaras puestas, que me parecía bueno y nos gustaría ensamblar los dos mecanismos", dijo Gatica a radio Cadena Norte.

Se colocarán en la calle para vigilar la entrada y la salida de alumnos y docentes. Buscan prevenir la venta de drogas y otros delitos.

La Provincia instalará cámaras de seguridad, tipo domo, para controlar el entorno de 50 escuelas provinciales con la intención de prevenir hechos delictivos, venta de drogas y hechos de violencia.

La noticia fue primicia de LaVoz.com , y unas horas después fue anunciada en conferencia de prensa por el ministro de Gobierno, Carlos Caserio, y el de Educación, Walter Grahovac. Lo hicieron, además, después de que este diario realizara consultas con autoridades provinciales para confirmar la información. Antes de las 15, los funcionarios desconocían detalles del sistema de vigilancia y monitoreo por videocámara.

La iniciativa se enmarca en el Plan Provincial de Seguridad Social Ciudadana que, el año pasado, introdujo videocámaras para evitar el robo de bebés en cuatro hospitales de la ciudad de Córdoba y en otros 15 del interior provincial. Se prevé una inversión de 6,5 millones de pesos.

Las cámaras ocultas acompañadas a la causa muestran cómo dos sepultureros del Cementerio platense se encargan, en su lugar de trabajo, de la venta de huesos. A los compradores les dicen abiertamente los precios y hasta les aconsejan cómo salir del predio para evitar la requisa del personal de la seguridad privada, señalaron fuentes policiales consultadas por este diario.

Los empleados del Cementerio fueron aprehendidos en las últimas horas y quedaron a disposición de la justicia local en una dependencia de la comisaría tercera de Los Hornos.

La denuncia fue realizada por un funcionario de la Municipalidad local el jueves pasado. Más tarde un llamado anónimo a la fiscalía a cargo de Fernando Cartasegna realizaba un relato en el mismo sentido que la presentación judicial.