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Son Sant Joan, el aeropuerto de Palma, y el resto de la red aeroportuaria española, cuenta con un protocolo de actuación en caso de que las torres de control detecten un dron o cualquier otro tipo de aeronave no autorizada en sus alrededores.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) y Enaire, el gestor de navegación aérea son los encargados de ponerlo en marcha en caso de que se produzca una situación como la vivida en los aeropuertos de Londres.

 TTCS - Aeropuerto Palma preparado para avistar drones

 

Este martes fue Heathrow, el aeropuerto con mayor tráfico en Reino Unido, el que tuvo que suspender despegues por el avistamiento de un dron en una pista, hecho que se produjo tres semanas después de que fuera Gatwick el que tuvo que paralizar sus operaciones un día completo, provocando el caos ante la gran afluencia de viajeros por las vacaciones navideñas. Se tuvo que recurrir a la actuación del Ejército y se detuvo a dos personas que después fueron puestas en libertad.

En España el protocolo contra drones no autorizados consiste en alertar inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se dirijan a la zona donde se ha detectado la aeronave y detener al piloto en tierra, explican desde Aesa.

Se recuerda que el vuelo de drones, objetos que no hace mucho se pusieron de moda convirtiéndose en regalo estrella, está prohibido en los aeropuertos. No se puede volar un dron a menos de 8 kilómetrosdel punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo y a más de 8 kilómetros de los ejes de sus pistas y su prolongación hasta 6 kilómetros desde el umbral de las mismas.

La Ley de Seguridad Aérea marca las sanciones por poner en peligro las operaciones aeroportuarias, en el caso más grave se pueden imponer multas de hasta 4,5 millones de euros.

En el caso de los pilotos en tierra que no realicen actividad comercial y no tengan conocimientos aeronáuticos, la sanción mínima es de 60 hasta 45.000 euros, si es grave puede llegar a los 90.000 y en caso de ser muy grave hasta 225.000 euros. Si se trata de personas con conocimientos aeronáuticos, por ejemplo un piloto o un ingeniero aeronáutico, o bien que realizan actividad comercial la sanción mínima se eleva a los 4.500 euros y las muy graves a 4,5 millones de euros.

A estas sanciones administrativas que se fijan desde el punto de vista aeronáutico se podrán añadir otras mayores por la vía penal, recuerdan desde Aesa. Hasta ahora los aeropuertos españoles no han enfrentado situaciones de peligrosidad por el vuelo de drones.

Aplicación disponible


Enaire facilita el acceso a un mapa en el que se representa el espacio aéreo para planificar los vuelos de drones: https://drones.enaire.es/

A través de esta aplicación, que se actualiza cada 28 días, se pueden ver las zonas seguras para utilizar los drones. También se encuentra información sobre los tipos de vuelos que se pueden realizar, ya sean de uso recreativo, aeromodelos (aeronaves no tripuladas), aeronaves de juguetes, vuelos experimentales o bien operaciones especializadas.

Fuente: Diariodemallorca