US$755 MILLONES AL AÑO  

Argentina:La inseguridad en alza, promotora de la seguridad electrónica

Los US$ 755 millones al año que factura la seguridad electrónica en Argentina para detectar intrusión e incendios, controlar accesos, velocidad vial y tránsito, monitorear en remoto cercos eléctricos perimetrales y video sistemas de seguridad, e integrar los distintos sistemas no alcanzan a explicar por qué las cámaras del edificio en el que vivía el fiscal Nisman justo no funcionaron el día de su muerte, ni por qué pese a estar cubiertas las calles de dispositivos de vigilancia haya que esperar a que sucedan los delitos o las desgracias para buscar lo que registraron, con un bajo nivel de prevención

La inseguridad hace crecer la actividad en todo el mundo. De tal modo que un estudio realizado por la firma de investigación de mercado, Freedonia Group, indica que la demanda global de servicios de seguridad privada experimentará un incremento de 6,6% anual, entre 2014 y 2018, hasta alcanzar los U$S 331.000 millones.

Ante el volumen actual de la operación y las proyecciones, a los empresarios que pilotean el próspero negocio de vender servicios para cuidar a las personas físicas y jurídicas, cuerpo a cuerpo y/o apelando a la tecnológica alusiva, agrupados en la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica –CASEL-, les preocupa que “hoy existan unas 20 legislaciones en todo el país, tantas como jurisdicciones provinciales, donde algunas son leyes, otras normas, y otras disposiciones, pero en todos los casos se trata de regulaciones atrasadas e incompletas que desconocen la actividad y que ponen en riesgo su viabilidad económica y la seguridad en general”, según expuso Daniel Banda, vicepresidente de CASEL, al presentar horas atrás un proyecto de ley que regule la seguridad electrónica, que consta de 91 artículos y en el que se ve el asesoramiento externo del estudio Cassagne.

El eje de los desvelos corporativos para alcanzar una regulación adecuada se revelan en la justificación que hizo el ejecutivo acerca de la importancia de que se sancione la ley. Puso como ejemplo ante más de 300 asistentes al hotel Colón, entre autoridades nacionales y provinciales, fuerzas de seguridad, legisladores, representantes de cámaras, y empresarios del sector, los que calificó de servicios sensibles que hoy se ofrecen sin la adecuada legislación y control y que ponen en riesgo la vida humana: “Si un individuo coloca 220 voltios en un cerco perimetral puede costar vidas; si un individuo adultera equipos de control de acceso a establecimientos público-privados, o estos no se encuentran debidamente homologados y fiscalizados, e ingresa mayor cantidad de gente que la permitida, puede costar vidas; si alguien instala un servicio contra incendios deficiente en la búsqueda de economizar costos y una empresa se lo provee, puede costar vidas”, dijo Banda.

El asesor legal de CASEL, Raúl Alfredo Castro, lo puso en blanco sobre negro: “Si bien el objetivo del proyecto es la uniformidad regulatoria a nivel Nacional, se trata de un proyecto de ley local, destinado a las provincias y a la CABA. No resulta constitucionalmente viable sancionar una regulación nacional integral que unifique la normativa en todo el país”.

Claramente, la propuesta de CASEL va en la dirección de tapar las filtraciones en la competencia que produce la compra sin la intervención de sus asociados de alarmas, cámaras y otros dispositivos, lo mismo que de ofrecer complementación humana de los servicios de seguridad por personal no registrado.

Amplió Banda el concepto: “Establecer un marco regulatorio eficiente no sólo es prioritario para nuestro sector como actividad económica, es esencial para la seguridad pública en su conjunto”.

Estándares de seguridad pública

El titular de la entidad, Enrique Greenberg, resaltó que la intención es colaborar en el mejoramiento de los estándares de seguridad pública a través de una regulación más eficiente y adecuada a las necesidades actuales del sector, estableciendo requisitos técnicos mínimos según el objetivo al que se presente el servicio y cuál es el servicio prestado.

Al respecto, dimensionó la actividad: “La seguridad electrónica en nuestro país creció un 250% en los últimos diez años. Hoy emplea a más de 14.500 personas y factura 755 millones de dólares al año. En la década del 80 hablábamos sólo de alarmas sonoras y sistemas básicos de detección de incendios. Treinta años después contamos con una tecnología que nos permite reconocer en vivo rostros en una noche cerrada a través de cámaras de visión nocturna automatizadas”.

Y agregó: “la tecnología evolucionó, el mercado creció, los delitos se complejizaron, y los riesgos aumentaron, pero aún no contamos con una legislación que regule nuestra actividad”.

Ante este panorama, reconoció que  “no es habitual que una cámara empresaria elabore un proyecto de ley para regular su propio mercado, pero nosotros nos hicimos cargo de esta necesidad, que consideramos esencial tanto para acompañar el crecimiento profesional de nuestra actividad como para resguardar la seguridad pública”.

Entre sus principales objetivos, el proyecto propone fijar un marco normativo propio que profesionalice la actividad a nivel nacional para la aceptación de dispositivos a instalar, la adopción de normas técnicas, la habilitación de personal técnico y profesional matriculado; como así también la obligatoriedad de la intervención de profesionales para la confección de pliegos de especificaciones técnicas en las compras del Estado.

Según datos recogidos por CLAVES, el servicio de vigiladores para personas, inmuebles y bienes muebles es el más demandado por el comercio, la industria y las grandes corporaciones a las empresas de seguridad privada. De cada 100 pesos que factura el sector, 7 corresponde a la seguridad física.

La electrónica no llega a $20 pesos cada $100, pero requiere cada vez más inversión de capital en dólares. La tecnología se incorporó hace más de una década, desde que los precios se tornaron más accesibles y la comunicación, Internet y demás acercaran a la tecnología de punta a los países emergentes. A la guardia personal se le agregaron GPS, cámaras,etc, y demás herramientas tecnológicas que, al brindar información en tiempo real y llegar hasta donde no da la vista humana, exigen mayor capacitación y eficacia de los recursos humanos de la seguridad. Pero a la vez, honestidad y transparencia.

Las firmas más grandes del sector disputan la clientela en la banca, retail, vivienda e industria, como plantas productivas, parques, minería, energía, salud, puertos y aeropuertos. Ofrecen servicios itinerantes, remotos u off site, en el cual se hace control de video de guardias y rondas desde el centro de operaciones...LEER NOTICIA COMPLETA.