TEGUCIGALPA. La Fiscal Especial de Derechos Humanos en el Ministerio Público (MP), Sandra Ponce, manifestó que después de la muerte de al menos cinco personas en la finca “El Tumbador”, en el Bajo Aguán, Trujillo, el Estado está obligado a esclarecer los móviles y deducir responsabilidades a los ejecutores.
“El Estado tiene la obligación de investigar estas muertes, establecer quiénes fueron los responsables y en qué circunstancias se dieron hasta llevar a los tribunales a quien corresponda”, expresó la fiscal.
Para ello, informó que desde Tegucigalpa se está coordinando con la Fiscalía de Derechos Humanos en Trujillo, Colón para que se hagan las primeras pesquisas y autopsias de los campesinos que resultaron muertos debido a la presunta problemática por pertenencia de tierras en ese sector.
El mecanismo que seguirán las autoridades defensoras de derechos humanos, será diferente a los acostumbrados, ya que en este caso los presuntos ejecutores de los crímenes, son agentes de seguridad privada y no Estatal.
En ese sentido, las indagaciones comienzan con las personas testigos de la problemática existente y las presuntas causas que originaron la muerte de los campesinos, así como amenazas de los dueños de la tierra, entre otras posibles pruebas que permitan deducir responsabilidad penal.
Para ese fin, la fiscal informó que ya se hizo el levantamiento de las actas correspondientes para poder indagar a varias personas de la comunidad, entre familiares, amigos y vecinos.
Pero, “en el transcurso de la investigación se tendrá la oportunidad de llamar a todas las personas que puedan aportar algún elemento a la investigación y que se afirmen como conocedores de las circunstancias en que se originaron los hechos y comparar las versiones con las del señor Miguel Facussé (propietario de los terrenos)”, explicó Ponce.
Aclaró, que aunque exista protección de la propiedad privada; “nunca tendrá mayor importancia que el derecho a la vida y bajo ninguna circunstancia se justifica la defensa de un bien, por lo tanto se investiga la racionalidad, proporcionalidad en el uso de la violencia”.
FUENTE: www.latribuna.hn