Mexico:Gobierno malovista gastó casi mil millones de pesos en renta de cámaras para videovigilancia

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Gobierno malovista gastó casi mil millones de pesos en renta de cámaras para videovigilancia mediante adjudicación directa

El gobierno de Mario López Valdez erogó en cinco años 923 millones 800 mil 10 pesos por la contratación del servicio de un sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y vigilancia para el Estado de Sinaloa a la empresa Comunicación Segura SA de CV, con fecha de 17 de enero de 2012.

El proceso se llevó a cabo por medio de una adjudicación directa, de conformidad en lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de bienes inmuebles, relativos a las excepciones de las licitaciones públicas, específicamente el inciso cuatro del artículo 51, el cual señala que “será adjudicación directa cuando la contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad pública”.

La decisión se tomó durante una sesión del comité intersectorial de adquisiciones, arrendamientos y servicios del poder ejecutivo del Estado de Sinaloa, integrado por los entonces funcionarios Armando Villarreal Ibarra, secretario de Administración y Finanzas; Karim Pechir Espinosa de los Monteros; de Innovación Gubernamental; Juan Pablo Yamuni Robles, de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En la sesión también tomaron parte el entonces secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, así como Arturo Wilson Calderón, director del Archivo General de Notarías y por Juan Carlos Suárez Guzmán, director de Bienes y Suministros.

El sistema, según constan los anexos de 38 páginas, señala que el servicio está integrado no solamente de videogilancia urbana, sino al interior de las diferentes dependencias estatales, así como de la ahora Fiscalía General del Estado, y entraría en vigencia del 23 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016.

La copia del documento fue adquirida vía acceso a la información por el ciudadano Ernesto Saldaña, integrante del Colectivo para la Defensa del Patrimonio Público, bajo el numeraria “GES E01/2012”, firmado por Arturo Duarte García, entonces subsecretario de Administración y como testigos Francisco Córdova Celaya, entonces secretario de Seguridad Pública y por Juan Carlos Suárez Guzmán, mientras que por la empresa firmó Lorena Ángel Zayas.

En el anexo uno del documento se explica que el sistema integral de enlace y monitoreo de seguridad y vigilancia para el Estado  consiste en la “adquisición del servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad para una mejor respuesta ante eventos y emergencias, la cual se proporcionará mediante el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia”, el cual es conocido como C5.

Entre las páginas 26 y 31 del contrato se explica además que se instalarán cámaras de videovigilancia con equipo de almacenamiento y control, cámaras de videovigilancia fijas para carreteras, cámaras tipo punta de poste y cámaras fijas, cuyas características y cantidad de unidades fueron testadas.

En la edición 434, Ríodoce publica trabajos sobre la videoviglancia en Culiacán mediante el Centro de Emergencias y de Respuesta Inmediata (CERI) y del C4. En estas, del total de 168 cámaras instaladas, únicamente funcionaban 11 de ellas.

ERNESTO SALDAÑA. “Pagamos cerca de mil millones de pesos por algo que ya no existe y que nunca funcionó”.

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