El intendente Pulti promulgó la ordenanza por la cual se adjudica la controvertida licitación pública 17/09 denominada “Sistema de video vigilancia urbana dentro del ejido urbano del Partido de General Pueyrredon y su mantenimiento destinado a la protección de personas y bienes en el espacio público” a la firma “Global View SA” por un costo de casi 6 millones de pesos.

Con esta decisión del Ejecutivo Comunal, Mar del Plata se transformará en la ciudad que pagará las cámaras de seguridad más caras en territorio bonaerense. Más de 90 mil pesos cada una. Un monto que supera dos o tres veces más lo abonado por otros municipios de la Provincia de Buenos Aires.

A pesar de las denuncias y pedidos de veto del Foro Municipal de Seguridad, la ONG Familiares de Victimas del Delito y concejales de la oposición por presuntos sobreprecios en la adquisición de las 65 cámaras de seguridad, la empresa de Mario Montoto y del Director de C5N Daniel Hadad se queda con este millonario negocio.

En declaraciones a FM Ciudad 99.1, el concejal de Acción Marplatense, Héctor Rosso, afirmó este miércoles que el intendente Pulti promulgó la controvertida norma, aunque aclaró que se trató de una “promulgación condicionada a que Global View se ajuste a los valores promedios que tiene la misma empresa para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que hay sistema de televigilancia y/o similares”.

“Lo que hizo el Concejo Deliberante es darle autorización a la contratación y lo que sigue legalmente es que el Intendente promulgue la ordenanza, pero bien puede establecer algún condicionamiento para poder firmar posteriormente el contrato administrativo y recién ahí se comenzaría a brindar el servicio”, explicó.

VETO

A su vez, el intendente Pulti procedió al veto parcial de la Ordenanza 14301. Mediante el decreto Nº 2361, el Jefe Comunal vetó puntualmente el artículo 2º de la señalada norma que determinaba que cualquier material susceptible de ser visto u oído con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad requiriendo por terceros, sólo debía ser entregada a la Justicia o a quien ésta indicara mediante Orden del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal.

En los fundamentos del veto parcial, Pulti explicó que “en ocasiones puede ser necesario exponer las imágenes a vecinos o instituciones ante su pedido puntual, lo cual resultaría sumamente dificultoso de tener que esperar la resolución en tal sentido, atento los tiempos que dicho trámite demandaría lo que tornaría impracticables la fluidez en la disposición de los datos”.

Por su parte, el concejal Rosso dijo que “en realidad, es un artículo que no quedó demasiado claro y que habría que trabajarlo más porque las imágenes de las cámaras no solamente sirven para la Justicia sino también para cosas muy útiles”, ante lo cual ejemplificó: “Si los Foros de Seguridad requirieran a la municipalidad (las imágenes) para ver si pasan o no pasan los patrulleros correspondientes a determinados horarios o, si un móvil pasa más tiempo del estimado en un mismo lugar; o para verificar la frecuencia de ambulancias, deberían recurrir a hacer una instancia judicial y si el Fiscal lo requiriera recién lo podrían llevar”.

“Es decir, hay un sinnúmeros de utilidades que pueden tener las cámaras, que son para control de organismos u organizaciones intermedias de la sociedad que perderían, y se perderían las filmaciones que tendrá la municipalidad”, fundamentó.

Y remarcó: “Me parece que la ordenanza ha sido redactada de una manera no muy feliz e impide disponer de cualquier elemento o cualquier material que haya sido filmado y que pueda servir para un fin comunitario”.

 

FUENTE: www.noticiasmdq.com