Investigan la venta de una alarma sin homologar a un joyero.
En los últimos días se está hablando en los medios de comunicación de la venta de alarmas sin homologar por parte de una de las grandes compañías del país. La historia saltó a la palestra de la mano de un joyero de Arganda del Rey, que denunció por estafa a Securitas Direct. La historia se resume en que el orfebre contrató una alarma que le vendieron como homologada y con una serie de características que en realidad parece que no tenía. Al final le robaron dos veces.
Al orfebre Juan Garrido le ofrecieron la alarma en cuestión en 2010. Por recomendación de la compañía, adquirió un kit con «módulo de comunicaciones GPRS», es decir, aquel que conecta la alarma con una central receptora que se encarga de monitorizar y gestionar todas las situaciones de emergencia que puedan generarse en un establecimiento.
Sin embargo, en el caso denunciado, este sistema no tiene ninguna utilidad ya que se chequeaba cada 23 horas y por tanto el GPRS carecía de sentido.
Asimismo, la central debería detectar cualquier avería o sabotaje y avisar a la Policía o lo que proceda. Sin embargo, esta funcionalidad tampoco funcionó.
La instalación del sistema de seguridad incluía una videocámara y otros detalles. En 2011 el joyero contrató el servicio y todo transcurrió más o menos con normalidad, hasta que en marzo de 2013 ya le intentaron robar, aunque esa vez no se consumó el robo.
Securitas Direct le recomendó entonces reforzar el servicio (con un coste añadido), y él lo hizo, pero en abril de 2013 le robaron. Securitas Direct intentó negociar con él la sustitución del equipo, que había quedado destrozado, a cambio de que él no denunciara, pero el vaso se colmó en mayo, un mes más tarde, cuando volvieron a robarle. En ninguna de las ocasiones la central recibió señales de la alarma, lo que significa que no estaba conectada permanentemente, como aseguraba la empresa.
La nave del orfebre, de 800 m2, guardaba gran cantidad de objetos de plata muy caros, así que estos robos le supusieron la ruina, y de hecho ha tenido que cambiar de actividad profesional y abandonar un negocio que comenzó su padre. Entonces, presentó una querella por estafa, publicidad engañosa y desobediencia.
El meollo de la cuestión es que esta es la primera vez que ante un caso semejante la denuncia no va por vía civil, sino penal. Habitualmente, las víctimas de robos cuyas alarmas han fallado o no cumplían las medidas preceptivas denuncian por lo civil para recuperar su dinero. Sin embargo, en este caso se ha imputado a la empresa por estafa, además de la publicidad engañosa y desobediencia porque ha habido varios requerimientos de la Guardia Civil y del juzgado para que Securitas envíe el histórico de las comunicaciones entre la alarma y la central en las fechas de los robos y no lo ha hecho, según fuentes cercanas al caso.
En este sentido, el principal problema de la compañía es que vendía la alarma como si estuviera homologada, algo que ya era obligatorio en la fecha en que se la ofrecieron al joyero, pero no lo estaba y de hecho ese modelo no lo empezó a estar hasta al menos octubre de 2013, cuando ya se habían producido los robos a Garrido.