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Los ciudadanos presentaron ante la Agencia Española de Protección de Datos más de 12.000 reclamaciones durante 2014.

 
La AEPD ha publicado su Memoria 2014, que refleja un incremento del 15% en el número de reclamaciones y denuncias presentadas. La videovigilancia, la contratación fraudulenta, la inclusión en ficheros de morosidad y las cuestiones relativas al recobro de deudas centraron la mayor parte de las denuncias.
• La AEPD respondió en 2014 a casi 200.000 consultas planteadas por la ciudadanía
• El sector en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, seguido de las entidades financieras y las empresas de suministro y comercialización de agua y energía
• En las reclamaciones de ‘derecho al olvido’ frente a buscadores la Audiencia Nacional ha confirmado los criterios de la Agencia en más de un 93
 
El análisis de la actividad anual refleja un incremento en el número de reclamaciones y denuncias presentadas ante la Agencia, registrándose un incremento total de casi un 15% y alcanzando la cifra de 12.173 peticiones realizadas en 2014 frente a las 10.604 de 2013. De ellas, 10.074 (+17.04%) se corresponden con denuncias y 2.099 (+5,11%) con reclamaciones para que la Agencia tutele sus derechos. El nuevo incremento producido en 2014, que se suma a los de años anteriores, supone la constatación de que los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos. Así, en los últimos cuatro años se ha producido un crecimiento del 81,6% en el número de reclamaciones presentadas.
La videovigilancia, la contratación fraudulenta, la inclusión en ficheros de morosidad, las cuestiones relativas al recobro de deudas y las comunicaciones comerciales centran la mayor parte parte de las denuncias que se plantearon ante la Agencia en 2014. A su vez, de las casi 100.000 consultas que han realizado los ciudadanos a través de la web de la Agencia, más de un 12% han estado relacionadas con ficheros de solvencia y recobro de deudas. Estas inquietudes se relacionan indudablemente con un entorno de crisis económica, con las importantes consecuencias negativas que supone la inclusión en este tipo de ficheros y con la incorporación indebida a los mismos de personas víctimas de suplantación en la contratación de servicios básicos como agua o energía.

En lo relativo a los procedimientos resueltos iniciados a instancia de ciudadanos que acudieron a la Agencia reclamando la tutela de sus derechos -que previamente lo habían ejercitado ante el responsable del tratamiento y este los había denegado o no había respondido- ocupan el primer lugar los procedimientos de cancelación (1.047) seguidos, por este orden, de los referentes al acceso (599), oposición (136) y rectificación (86). Estas cifras ponen de manifiesto la creciente preocupación de los ciudadanos por conseguir que quienes tratan ilegítimamente su información personal dejen de hacerlo.