IU advierte de que la instalación de cámaras de vigilancia en Cuevas del Becerro es "ilegal" y exige su retirada
El grupo de IU en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro (Málaga) ha advertido de que la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública por parte del equipo de gobierno del PSOE es "ilegal", puesto que supone un recorte de la libertad de movimiento de los habitantes, pero sobre todo porque no cuenta con los permisos necesarios. Por ello, ha exigido de nuevo que sean retiradas.
El grupo de IU en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro (Málaga) ha advertido de que la instalación de cámaras de videovigilancia en la vía pública por parte del equipo de gobierno del PSOE es "ilegal", puesto que supone un recorte de la libertad de movimiento de los habitantes, pero sobre todo porque no cuenta con los permisos necesarios. Por ello, ha exigido de nuevo que sean retiradas.
El pasado mes de abril se instalaron 17 cámaras de videovigilancia y no fue hasta junio cuando el equipo de gobierno pidió a la Delegación del Gobierno en Andalucía permiso para su uso, siendo denegada la solicitud por diversas razones. Entre ellas, "no responder a los principios de idoneidad, proporcionalidad e intervención mínima establecidos en la ley", según ha señalado a Europa Press el portavoz del grupo municipal de IU, José Pro.
En el escrito de denegación también se aludía a "cuestiones como que la medida de grabar durante 24 horas era especialmente gravosa para la intimidad de los vecinos, que la estadística de hechos delictivos no la justificaba y que no ha habido peticiones al Pleno del Ayuntamiento", según Pro, quien ha alertado de que tampoco se pidió permiso a la Agencia Española de Protección de Datos para el tratamiento de los archivos generados.
Además, el edil de Izquierda Unida ha rechazado el argumento del equipo de gobierno para instalar estas cámaras de seguridad de que en Cuevas del Becerro se cometía un gran número de delitos. "Eso no es así y se está dando una imagen irreal del pueblo", ha lamentado.
Según el concejal de la coalición, que ha incidido en que la petición de ahora de retirar las cámaras no es nueva, sino que ya se reclamó en un anterior pleno del Ayuntamiento, el coste de este sistema es de 15.340 euros, de los que el Consistorio "sólo ha abonado la mitad por falta de recursos".
Pro ha reclamado, por tanto, al equipo de gobierno que retire las cámaras antes de que el Ayuntamiento sea multado, teniendo en cuenta que "las sanciones en esta materia son muy elevadas y los fondos municipales no pueden permitirse ese dispendio".
Por su parte, desde el equipo de gobierno, además de asegurar que en este tiempo los robos han disminuido, se considera que los puntos en los que se han instalado las cámaras no suponen un recorte de libertad, ya que están en lugares apartados, tales como el vivero municipal, el polígono industrial o las proximidades de la caseta de almacenaje de los utensilios de jardines.
fuente:20minutos.es