Una tienda de Zamora, obligada a retirar las pantallas de vigilancia

La Agencia Española de Protección de Datos ha apercibido al establecimiento de la calle Pablo Morillo para que retirara dos grandes pantallas situadas a la entrada del establecimiento en las que todo el mundo podía ver las imágenes que estaban tomando las cámaras de vídeo vigilancia situadas en el establecimiento. El asunto parte de una denuncia tramitada por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil contra el mencionado establecimiento por la existencia en el mismo de 16 cámaras de vídeo vigilancia.


El dueño del negocio explicó que el local dispone de más de ochocientos metros cuadrados en el que se distribuyen 24 cámaras fijas sin zoom instaladas en el techo de la tienda, 8 de ellas se conectan a un PC que se encuentra en la oficina principal visionándose en un monitor gigante situado en la zona de caja con acceso tanto para el encargado como para el público que se sitúe en esa zona de tienda. Las otras 16 cámaras se conectan a otro PC que se encuentra en el almacén del establecimiento y sus imágenes se visualizan en otro monitor gigante que se ubica en la zona de caja. Únicamente los integrantes de la empresa tiene acceso a los dos PC.


La Agencia de Protección de Datos entiende correcta la ubicación de las cámaras de vigilancia, que no pueden enfocar a la calle, pero entiende que el visionado de esas imágenes en las pantallas gigantes debe ser accesible únicamente al gestor autorizado de los datos, es decir, los dueños de la tienda, y no al público en general, por lo que lanza una advertencia en este sentido.


Es uno de los expedientes más recientes tramitados por la Agencia Estatal, precisamente en las fechas en las que se celebra el Día Europeo de la Protección de Datos. Si hace unos años los más abundantes eran los casos de reclamaciones ante el Obispado para pedir que se borrarán los datos del bautismo de los libros parroquiales, últimamente son otros los aspectos que más preocupan a los ciudadanos, relacionados con datos contenidos en historias clínicas, entidades bancarias o telefonía.


Un zamorano, por ejemplo, recurrió a la Agencia porque había pedido a Jazz Telecom la baja, pero no se la daba porque tenía una deuda. Protección de Datos desestimó esta reclamación, ya que la existencia de la deuda era una razón válida para justificar la no cancelación de estos datos. El recurrente remitió luego una sentencia judicial en la que el magistrado le daba la razón sobre la deuda, un asunto que escapa a las competencias de la Agencia. Hay otro caso curioso, el de un ciudadano que quería acceder por internet a la factura de su móvil, de la empresa France Telecom y resulta que cuando entraba en la web no podía ver sus datos, pero sí los de otros ciudadanos, entre ellos el de un zamorano, que aparecía con nombre, dos apellidos, dirección completa y DNI. A la compañía le cayó una multa de doce mil euros.


En otro expediente, la Agencia estima la reclamación de una zamorana y daba un plazo máximo de díez días al Complejo Asistencial de Zamora para que facilitara el acceso a su historia clínica del servicio de Psiquiatría, concretamente el documento de alta médica. También estima la reclamación de otro paciente que solicita al hospital «Virgen de la Concha» el acceso completo de todo su historial de laboratorio y el informe de traumatología. En centro no había respondido a su solicitud.