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Monopolio de bata verde.

Los animalistas critican que el Col·legi de Veterinaris disponga en exclusiva del registro de animales con chip
Catalunya es la única comunidad donde estos datos no son públicos

«Mientras poner el chip siga siendo monopolio del Col·legi de Veterinaris y este marque los precios, será muy difícil que se solucione el problema», asegura contundente Alba Jornet, técnica de gestión de animales de compañía y responsable de la materia en la Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y defensa de los Animales (Faada), una de las principales asociaciones animalistas catalanas. Los defensores de los animales llevan años denunciando que Catalunya es la única comunidad autónoma española en la que el censo de los animales con chip, propiedad del Consell de Col·legis de Veterinaris, es privado.

 

El origen de esta «anomalía», se defienden los veterinarios, se remonta 28 años atrás, antes incluso de que la Generalitat obligara a identificar a las mascotas. «Fue una iniciativa particular de los colegios profesionales, adoptada por razones de control sanitario. Si ahora el registro ya dispone de casi 900.000 ejemplares es porque durante todo este tiempo cada veterinario ha ido actualizándolo», esgrime Francesc Monné, presidente del consejo. El censo da derecho a sus usuarios a disfrutar de «un servicio permanente, de 24 horas», de búsqueda de animales perdidos.

Con todo, este monopolio hace que identificar a un perro en Catalunya -algo a lo que obliga la ley- pueda costar más de 50 euros, un trámite por el que en Madrid se pagan 14 euros y que en Ceuta es gratuito. «La ley obliga a poner un chip, pero en una clínica privada, ya que la propia Generalitat no ofrece el servicio», señala Yolanda Valbuena, directora del área jurídica de la Fundación Altarriba. La jurista insiste en que, por ley, los veterinarios están obligados a brindar a la Generalitat la información de cada animal al que implantan un chip, algo que no sucede. Los veterinarios se amparan en la ley de protección de datos, pero, según Valbuena, la propia Agencia de Protección de Datos ha respondido a la Fundación Altarriba que es posible la cesión de datos personales sin consentimiento del afectado, cuando la cesión esté autorizada en una ley.

Dudosa utilidad

«Si los veterinarios no abren su archivo a la Generalitat, el nuevo sistema para censar a los animales no tendrá prácticamente ninguna utilidad», insiste Jornet, quien no confía demasiado en que las negociaciones entre Administración y veterinarios para cerrar este traspaso lleguen a buen puerto. «El 80% de los ingresos del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya proviene de la implantación de chips. Es muy difícil que renuncien a ese monopolio», indican las animalistas.

Los veterinarios, que están desde hace meses en negociaciones con el Govern, reivindican «llevar la gestión del censo». «La experiencia que tenemos hasta ahora nos avala», insiste Monné.

«Identificar a los animales es obligatorio desde hace 17 años y solo el 30% lo está. Es evidente que la dejadez por parte de la Administración ha sido absoluta», concluye Valbuena