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El fiscal jefe de Madrid propone crear una Agencia estatal para coordinar el caso de los niños robados

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha propuesto al Ministerio de Justicia la creación de una Agencia estatal para la coordinación en la investigación del caso de niños robados en hospitales españoles entre 1969 y 1990, ha informado a Europa Press fuentes del caso.
La propuesta ha sido trasladada a la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) durante una reunión celebrada ayer en la sede de la Fiscalía de Madrid para tratar el asunto ante el archivo de la mayoría de las 200 denuncias presentadas en Madrid.
En la reunión, el fiscal jefe expuso a las víctimas las limitaciones que tiene el Ministerio Fiscal a la hora de realizar la búsqueda de datos de familiares debido a la Ley de Protección de Datos, así como que su competencia se limita a investigar los delitos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Es necesario una lectura de los archivos para buscar a los familiares como precedente a la hora de iniciar la investigación. Es necesario para acotar los casos y abrir un procedimiento de conexidad", han indicado a Europa Press fuentes de la asociación.
Con motivo de las competencias de la Fiscalía, Eduardo Esteban ha trasladado a la plataforma y al Ministerio de Justicia la necesidad de crear una Agencia Estatal que coordine las denuncias con la finalidad de que se puedan unificar criterios y posibilitar ofrecer una visión más esclarecedora de los hechos.
AGENCIA ESTATAL
Por ello, el fiscal jefe ha instado al Ministerio de Justicia para que lleve a cabo las gestiones oportunas que permitan implementar la creación de este nuevo organismo que sea capaz de gestionar y coordinar cada una de las áreas relacionadas con los procesos penales como con la búsqueda de datos.
Además, la asociación se reunirá el próximo diciembre con el ministro de Justicia para mejorar el protocolo puesto en marcha de cara a la creación de una oficina de atención a las víctimas en beneficio de una atención directa a los perjudicados. 
En el caso de Madrid, un total de siete fiscales investigan las 210 denuncias presentadas, la gran mayoría ya archivadas. Los delitos implicados en este caso serían falsedad documental, sustracción del menor y detención ilegal, pero en la mayoría de los casos estarían prescritos. Además, el delito de detención ilegal podría conllevar la imputación incluso de los padres adoptivos.