La memoria indica que de las denuncias hechas ante la agencia en las islas se tramitaron ocho procedimientos sancionadores y tres procedimientos de declaración de infracción de las Administraciones Públicas.
En el conjunto de España, la AEPD recibió 89 solicitudes de cancelación y oposición ("derecho al olvido") en 2010 por la inclusión de información personal en ediciones digitales de boletines oficiales, medios de comunicación, sentencias y buscadores de internet, un 56% más que en 2009.
Según la memoria, se resolvieron en todo el país 110 peticiones de tutela por este motivo (98 referidas a buscadores), de las que el 75,5% fueron favorables a los reclamantes.
Destacan las investigaciones de oficio realizadas a compañías como Google (por el servicio "Street View"), Facebook y Myspace por supuesta transmisión de datos y perfiles a anunciantes y otras empresas.
Además, se ha requerido en 2011 información a Sony y Nintendo por "brechas de seguridad" en las bases de clientes.
El informe constata una tendencia creciente de denuncias y petición de tutela sobre redes sociales, con aumento del 29% (de 31 a 40) por difusión de fotografías y listados de personas, suplantación de identidad y cancelación de datos.
"Internet es el espacio que mayores dudas y riesgos plantea a la privacidad", ha alertado el director de la AEPD, Artemi Rallo, en declaraciones a la prensa.
Las grandes empresas del sector, ha precisado, están "más preocupadas por el negocio y la máxima publicidad de sus servicios que por un respeto escrupuloso de la legislación de protección de datos".
En 2010, la agencia recibió 104.826 las consultas ciudadanas, un 8,2% más que un año antes, y abrió 4.302 investigaciones por denuncias particulares y por iniciativa propia, un 4% más que en 2009.
Ese año se presentaron 1.643 solicitudes de tutela de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, un 12,65% menos debido a la práctica desaparición de peticiones sobre partidas de bautismo a raíz de una sentencia del Supremo.
La mayoría de las tutelas resueltas (1.830) fueron por "derecho al olvido", cancelación de datos en ficheros de morosidad, acceso al historial clínico de un familiar fallecido y a datos sanitarios completos.
El mayor número de investigaciones correspondió a telecomunicaciones (1.170) y vídeo-vigilancia (819), lo que supone incrementos del 28,85 y 13,59%, respectivamente.
En tercer lugar fueron las de tipo financiero (619), aunque bajaron un 10%, seguidas por las relativas a administraciones públicas (194), con descenso del 11%.
La de servicios de internet, excepto "spam", fueron 168, con una subida del 7,69%, mientras que comercio, transporte y hostelería (68) cayeron el 50,36%.
La morosidad en comunicaciones, finanzas y energía supuso 887 actuaciones previas por inclusión indebida de datos en ficheros de deudores, cesión a empresas para el recobro y vulneración del secreto.
También comenzó la investigación de 114 casos de sanidad, un 7,3% menos.
En 2010, las entidades particulares fueron sancionadas en 591 ocasiones (un 4,83% menos).
El valor conjunto de las sanciones fue de 17,5 millones de euros, un 29,65% inferior a 2009 por ser la mayoría infracciones "leves" de vídeo-vigilancia o por concurrencia criterios de atenuación, según Rallo.
Casi un tercio de todas las sanciones (176) fueron sobre vídeo-vigilancia, que aumentaron un 50,43%.
Las de vídeo-vigilancia supusieron más de la mitad del importe total de las sanciones.
Las principales infracciones fueron por falta de cartel informativo, locales que toman imágenes de la calle, instalación en viviendas y garajes y falta de inscripción de ficheros.
Cerca de la cuarta parte de las sanciones (134) fueron sobre telecomunicaciones, con un descenso del 21,18%, pero sólo el 2,9% del importe total de las sanciones.
Las relativas a entidades financieras (82 sanciones) bajaron un 7,87% y representaron el 21,56 por ciento de la cuantía total de las multas.
Aparte, se constataron 61 infracciones de las administraciones públicas (14% menos).
En 2010, la Audiencia Nacional ratificó en un 70 por ciento las decisiones de la AEPD en 325 recursos judiciales interpuestos contra tales resoluciones.
Al acabar el año constaban 2,14 millones de ficheros (fundamentalmente privados) inscritos en el Registro General de Protección de Datos, con un aumento del 31 por ciento.
FUENTE: www.cadenaser.com