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Da igual que sean curriculums de trabajo, que historiales médicos o pruebas judiciales para meter a alguien en prisión. Todos estos documentos son material de alto riesgo que, en caso de no servir ya a sus propietarios, no pueden ser tirados a la basura sin más. Ni tan siquiera depositados en el contenedor de reciclaje de papel.

Quien lo haga, puede acabar siendo multado por la Agencia de Protección de Datos con sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros. Ahí es nada. Por eso, la destrucción confidencial de documentación sensible es un negocio al alza.

En Albacete, solo el centro especial de empleo de la Fundación Asla, dependiente de Asprona, ofrece este servicio a administraciones públicas y empresas privadas. Aunque la cooperativa de reciclaje RqueR tiene en proyecto meterse también en esta actividad más compleja de lo que parece a simple vista, pues no se trata solo de destruir la documentación, sino de certificar que nadie podrá recomponer el documento jamás. «Nosotros tratamos de destruir la documentación en el día, de inmediato, no nos gusta tener aparcados los papeles en los almacenes para evitar problemas y obtener así la máxima seguridad», explica Francisco Javier Martínez, director de empleo de la Fundación Asla tiene en Asprona donde ocho personas trabajan en la destrucción, digitalización y custodia de documentación.

En unas naves en el polígono de Romica, debidamente vigiladas, tienen trituradoras que permiten reducir a simples papelillos de apenas 3X6 milímetros, hasta 400 kilos de papel a la hora. Antes de meterlos en la máquina, los operarios se encargan de revisar papel por papel para retirar los clips, las grapas y los cartones, que tienen otros canales de reciclaje.

Pero su trabajo comienza antes. Hay clientes a los que se les entregan contenedores cerrados con llave e identificados con un código de barras, donde se van depositando los documentos a destruir por un buzón, relacionándose en una hoja de ruta qué documentación se ha ido introduciendo para su eliminación, con el propósito de que después la Fundación Asla pueda emitir el debido certificado.

Máximo nivel de seguridad

En otros casos, los papeles se van depositando en contenedores normales pero, una vez son retirados por los operarios de Asla, los vehículos son debidamente precintados hasta que llegan al taller de trituración. Los propietarios de la documentación pueden pedir estar presentes en el momento de la destrucción, para tener la garantía de que efectivamente se procede a ello. Y es que, es el dueño de los papeles el que podría ser sancionado si en lugar de ser destruidos de verdad, simplemente son tirados en algún vertedero, como ha ocurrido.

Según la importancia de la documentación, la Ley de Protección de Datos exige un nivel de destrucción, pero en la Fundación Asla han optado por triturar al máximo todo papel que les llega y así evitar problemas. El resultado, son pequeñísimos trozos de papel, tiras muy finas, que bien podrían aprovecharse para confeti, aunque se reutilizan para fabricar papeles en blanco.

La Fundación Asla tritura papeles de los juzgados, pero también de la inmensa mayoría de las oficinas de la Junta y de otras administraciones y empresas privadas, como pueden ser despachos de abogados.

 

FUENTE: www.laverdad.es