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La Agencia de Protección de Datos sancionó en 2010 a 14 empresas en Sevilla y apercibió a tres administraciones públicas en la provincia por infringir la Ley de Protección de Datos al permitir que datos privados fueran difundidos sin consentimiento, ya fuera a través de internet o de cartas enviadas por error, entre otros medios.

Una de las empresas sancionadas en 2010 fue Fundosa Control de Datos y Servicios, encargada de dar de alta a los clientes de la empresaEl Mobiliario Urbano, que a su vez es responsable de la gestión, suministro, instalación y mantenimiento del servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Sevilla (Sevici). La denuncia la presentó un cliente de Sevici que rellenó el formulario disponible en internet para darse de alta, formulario que exigía datos personales y bancarios. Con posterioridad, la empresa le remitió a su domicilio el formulario de suscripción y datos bancarios de una tercera persona. Por ese motivo, el denunciante contactó con la persona que figuraba en el formulario que le enviaron, quien le comunicó que también había recibido el formulario de otro titular. La Agencia de Protección de Datos se puso en contacto con El Mobiliario Urbano, que le informa que Fundosa se ocupaba del envío de notificaciones a sus clientes. La Agencia abrió un expediente a Fundosa, proponiendo una sanción de60.101 euros por una infracción grave. Fundosa se defendió diciendo que un «error humano» propició que los formularios cumplimentados y enviados no se corespondieran con el destinatario de la carta. Finalmente, la sanción quedó en 6.000 euros por una infracción del artículo 10, que establece que «el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo».

También en 2010 fue denunciada la Universidad de Sevilla por hacer visible en el buscador Google una solicitud de intercambio de una estudiante del Instituto de Idiomas, formulario que se cumplimentó a través de la herramienta de la página web de ese organismo. Tras rellenar el formulario, la estudiante comprobó que todos los datos estaban accesibles en Google para cualquiera que pusiera su nombre completo, razón por la que la Agencia de Protección de Datos abrió un procedimiento de infracción, que llevó a la Universidad a rectificar el sistema utilizado para el programa de intercambios del Instituto de Idiomas.

La Agencia de Protección de Datos ha abierto este año un expediente sancionador a la empresa Receco —propietaria de cinco cafeterías y bares en la Estación Santa Justa— después de que aparecieran tirados en el Canal de los Presos cientos de currículos con datos personales de solicitantes de empleo. En los curriculos, la mayoría de mujeres jóvenes, figuraban fotos, direcciones, teléfonos móviles, estudios acádémicos, experiencia profesional y otros datos.

 

FUENTE: www.abcdesevilla.es