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Los bomberos que hace un par de meses denunciaron ante la Policía Nacional la existencia de cámaras de vigilancia ocultas en el parque de Talavera interpondrán un recurso de reforma, ya que “hay inexistencia de diligencia de la investigación de los hechos”, declaró Antonio Escobar, representante del Sindicato de Trabadores de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS C-LM). El auto del juzgado número 1 de Talavera dice que no hay autor responsable de la colocación de esas cámaras, por eso, se considera responsable de solicitarlo al jefe de servicio y al alcalde como el que lo autoriza. De esta forma, los trabajadores pedirán la declaración en calidad de imputado, a los efectos de preservar los derechos fundamentales, del jefe de servicio, Javier de Lucas. Escobar señaló que esta persona aparece como órgano de la Administración responsable en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El sindicalista definió como “vergonzoso y lamentable” el que el equipo de Gobierno haya iniciado un expediente para depurar responsabilidades por los daños materiales, la imagen del servicio o el incumplimiento de funciones de los denunciantes. Para ello, el Ayuntamiento designó al secretario general del Consistorio, Antonio López Abarca, como instructor del expediente de esta denuncia presentada. Según Escobar, el Gobierno local “va a por estos tres trabajadores por denunciar lo que todavía no está claro”. “Estos señores no olvidan ni perdonan que hace años mostraran algunos efectivos una fuerza reivindicativa y, por eso, piensan que la sumisión de los bomberos con expedientes se consigue”, defendió. Desde el STAS muestran su desacuerdo con las diligencias que sigue el juzgado en este proceso y por eso se recurre. Por eso, piden “que se escuchen las alegaciones y se desestime y se mande a la Audiencia Provincial o se estime y continúe el procedimiento”. En el segundo de los casos, Escobar pidió que se cambie la tipificación: en vez de allanamiento, ubicación de cámaras que graban a las personas. “El recurso va en la línea de defender el derecho a la intimidad”, subrayó.

El sindicalista insistió en que una de las cámaras ocultas no se ajusta a la autorización de la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), ya que la empresa instaladora Coasa no la instaló. Escobar relató que ese dispositivo enfoca a los accesos y salidas del comedor, de los servicios, del gimnasio y subida y bajada a las habitaciones, “no hace efecto de contravigilancia”. En este apartado, el responsable de STAS dijo que “parece que quieren intimidar a los propios bomberos”. Antonio Escobar recordó que Coasa confirmó la existencia de cinco cámaras visibles y dos camufladas, mientras que el subdelegado del Gobierno en Toledo, Javier Corrochano, habló de tres camufladas. En ese orden, éste habló de que la tercera cámara, ubicada junto al teléfono, “la haya instalado alguien sin contar con la autorización de la AEPD. Después de recordar que el portavoz municipal, Tirso Lumbreras, defendió la legalidad de las cámaras y su adecuación a lo autorizado, Escobar habló del “pasteleo entre el subdelegado y el Ayuntamiento”. 
“El juez reconoce que hay ubicación de cámaras aunque desconoce el autor”, repitió, alegando que se sobreseyó provisionalmente la denuncia. Antes de acabar, el responsable del STAS afirmó que el alcalde le ha negado ver el expediente administrativo, un documento que “no estaba dentro de las diligencias previas del procedimiento judicial”. Escobar finalizó diciendo que si aparecen pruebas testificales o documentales que prueben que se han utilizado las grabaciones, “el alcalde y el subdelegado automáticamente dimitirían”.

 

FUENTE: www.lavozdeltajo.com