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Iñigo Santxo y Julen Arzuaga, representantes de Eskubideak, han anunciado que la asociación ha interpuesto denuncias ante la Agencia de Protección de Datos vasca, estatal y europea, las Juntas Electorales provinciales y los arartekos de la CAV, de Nafarroa y de la Unión Europea por la existencia de esas "listas ideolígicas clandestinas".

En la comparecencia que han ofrecido en Bilbo han denunciado que las FSE "tienen bases con miles de nombres para detectar candidatos contaminados" en las listas de la izquierda abertzale a las elecciones, unas "bases ideológicas" cuyo origen sería múltiple y que incluyen desde personas de las candidaturas electorales anuladas hasta apoderados e interventores.

Además, abarcarían "a personas que desarrollan actividades laborales en partidos ilegalizados o han prestado servicio como empresas, así como a ciudadanos con algún grado de parentesco con personas presas o en situación de rebeldía". A ello se le sumarían los datos que han sido recogidos por "reseñas periodísticas, seguimientos policiales o cuentas bancarias y registros notariales, cuando se visita a un preso, cuando se participa en ongietorris o cuando uno se cartea con un preso".

Según han explicado, a tenor de los informes utilizados para las ilegalizaciones, también hay datos sobre si existe parentesco con presos políticos, si se ha firmado manifiestos políticos y si hay antecedentes policiales y judiciales, aunque luego el caso haya sido sobreseído o el acusado declarado inocente.

Mermado el derecho de sufragio pasivo

Por ello, han remitido a las Juntas Electorales de Hego Euskal Herria un escrito reclamando que no "comunique o facilite ningún dato" de personas que hayan "tenido alguna participación en anteriores procesos electorales".


Santxo y Arzuaga han subrayado que "la ley impide que los datos recogidos con un objeto sean luego usados para fines distintos como la ilegalización de partidos o la conculcación del derecho al sufragio pasivo (presentarse como candidato)".

Han señalado que no hay posibilidad de acceder a esos ficheros de datos, ni cabe su "posible cancelación", por lo que "el derecho de sufragio pasivo de miles de ciudadanos vascos estaría mermado".

Por todo ello, los abogados han pedido amparo a los arartekos de la CAV y de Nafarroa y al Defensor del Pueblo europeo, y han solicitado a la Agencia de Protección de Datos que investigue qué tipo de archivos utilizan las FSE para elaborar sus informes, qué infracciones han podido cometerse y, en caso afirmativo, le piden que aplique medidas correctoras, sanciones e indemnizaciones.

Eskubideak ha explicado que los procedimientos puestos en marcha deben tener respuesta en un plazo de treinta días y ha anunciado que, en el caso de que desde la Agencia de Protección de Datos se niegue su existencia, están "dispuestos a recorrer todas las instancias legales a nuestro alcance".

 

FUENTE: www.gara.net