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La investigación de la operación Carioca pasó por un sinfín de avatares. La jueza y su equipo tuvieron que superar gran cantidad de problemas provenientes en muchas ocasiones de organismos oficiales y, además, afrontaron un intento de sabotaje informático. Asimismo fue detectado un presunto acto de piratería llevado a cabo por alguien que alteró declaraciones que estaban recogidas en el sistema del juzgado. La Xunta calificó los hechos como graves, pero nadie explicó con claridad qué es lo que había pasado.

El caso de la posible piratería que afectó al proceso está todavía por resolver definitivamente ya que no hay constancia de que se hubieran pronunciado sobre el particular algunos organismos como la Agencia Española de Protección de Datos que fue informada de lo ocurrido. La Xunta dio por zanjado el asunto sin aclarar qué fue lo que realmente sucedió, a pesar de que lo ocurrido deja en entredicho la seguridad informática en los juzgados de la comunidad. Todo apunta, por lo visto, a que no es muy complicado acceder a los expedientes.

La jueza Pilar de Lara se quedó estupefacta por lo sucedido y, posiblemente, también por las respuestas de los organismos oficiales. Fueron dos, que se sepa, las veces en los que la seguridad informática del juzgado quedó más que entredicho.

La primera irregularidad, que ya se conoció a las semanas de producirse, fue en el mes de noviembre de 2009 y la segunda, desconocida hasta el momento, a finales de enero de 2010. De nuevo volvía a fallar algo que en un juzgado es considerado como sagrado: la seguridad.

¿Qué ocurrió en esta segunda ocasión? Algún pirata informático alteró el contenido de dos declaraciones. La Xunta, informada de lo ocurrido, parece que no ofreció una respuesta satisfactoria para la responsable de las investigaciones. Pilar de Lara, ante esta situación, no dudó en comunicar lo ocurrido a varios organismos, entre ellos Protección de Datos al que pidió que averiguara, hasta las últimas consecuencias, qué es lo que realmente pasó. La magistrada entendía que lo ocurrido fue realizado de manera totalmente intencionada.

Lo sucedido puso de relieve algo realmente insólito y, a la vez, muy preocupante: personal de la Xunta o incluso subcontratado por ésta para el mantenimiento informático podría entrar en el contenido de cualquier proceso penal, incluyendo datos declarados secretos. En el caso de la Carioca no hay la certeza de que los piratas informáticos no hubieran obtenido datos de testigos protegidos que bien podrían haber utilizado, por ejemplo, para efectuar algún tipo de presión o intimidación sobre los mismos.

Al mismo tiempo pudo determinarse que estas entradas o ataques se pueden hacer sin ningún tipo de control externo o interno porque resulta que llegados a extremos como el ocurrido, no hay, al parecer, la posibilidad de analizar quién entró en el programa.

La Xunta dejó claro que el sistema Minerva, que es el que utilizan en los juzgados, fue distribuido por el Ministerio de Justicia y los niveles de acceso se establecen según los criterios que determina el propio programa.

FUENTE: www.lavozdegalicia.es