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¿Deben permanecer visibles en Google los datos que afecten a la reputación de las personas? ¿Ordenar que desaparezcan sería una forma de censura? Este es el debate que deben dirimir la Audiencia Nacional y las autoridades europeas con los abogados de Google, el buscador más usado de internet, al que han denunciado en España 80 personas que solicitan que desaparezcan sus datos. Los usuarios afectados han acudido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por considerar que su pasado no debe estar expuesto en internet. Algunos casos hacen referencia, por ejemplo, a subvenciones otorgadas a ex toxicómanos o a morosos.

Uno de los más llamativos es el del cirujano plástico Hugo Guidotti Russo, que fue denunciado por mala praxis y posteriormente absuelto. El artículo que explicaba los supuestos daños causados a la paciente que lo denunció, publicado por El País en 1991 y titulado “"El riesgo de querer ser esbelta", aún permanece en la red sin especificar el final del proceso.

La suya fue una de las cinco primeras quejas contra Google que en enero recibió la Audiencia Nacional. Tras semanas de deliberación los jueces han decidido trasladar el asunto a la Corte Europea de Justicia  al considerar quepuede haber dudas interpretativas del derecho europeo y que su resolución afectaría a otros países. Google, de hecho, tiene a su favor tres fallos en Italia, Bélgica y Francia que, según la compañía, tratan casos muy similares a los españoles.

La AEPD ha dado la razón a los 93 ciudadanos que quieren que Google les elimine del índice de su buscador, y la Audiencia, a petición de Google, sólo se está enfrentando por el momento a los cinco primeros casos. La resolución del resto de casos dependerá de las sentencias que se dicten de estos ‘conejillos de indias’.

"Los tribunales no son competentes"

Y es que no es fácil actuar contra un ‘ente transnacional’ como Google.Javier Aparicio, el abogado de la empresa en España, argumentó durante su exposición ante la Audiencia Nacional, el pasado 19 de enero, que ni la AEPD ni los tribunales españoles eran competentes para sancionar al buscador. Aparicio aseguraba que Google Spain, la empresa contra la que se dirige la AEPD, es un mero “colocador” de publicidad, que no se ocupa de almacenar las páginas web a las que enlaza el buscador. Esa tarea, según publicaba El País, correspondería a Google Inc., una empresa situada en Estados Unidos, que no tiene filiales en otros países y que solo está sometida al derecho de California.

Sin embargo su tesis choca con la de la abogacía del Estado, que mantiene que Google utiliza medios situados en España, en referencia a las cookies que llegan hasta el equipo de cada usuario y que sirven para rastrear sus búsquedas y las páginas que visita.

Por eso, la Audiencia Nacional no tiene del todo claro si, en caso de que se decida que se tienen que borrar los datos solicitados, el ‘ejecutor’ de la censura debería ser Google o, por el contrario, los responsables de las páginas que contienen los datos personales. De hecho, algunos de esos datos se encuentras incluso en publicaciones de organismos oficiales como el BOE, y Google alega que las quejas deberían dirigirse contra las páginas que publican los datos supuestamente dañinos, y no contra el buscador.

La decisión sobre estos cinco casos de la Corte Europea de Justicia podría sentar la base para una importante directiva que abarque a toda Europa respecto a la indexación de datos personales en la web, pero también podría postergar una resolución durante años. Las autoridades europeas en Bruselas, mientras tanto, trabajan en una reforma de la misma directiva de Unión Europea (redactada en 1995) que la corte de Luxemburgo podría tener que interpretar.

La disputa legal entre Google y el regulador español se produce en medio de un debate más amplio sobre el nivel de control que deberían tener los individuos sobre sus datos privados y su reputación en la era de Internet.

Debate a escala continental

De hecho en varios países de Europa ha surgido en los últimos años un movimiento a favor del "derecho a ser olvidado", que pretende que se permita a los individuos retirar información personal de la web por razones de privacidad. La Comisión Europea, dentro de la reforma de las leyes de protección de datos, propuso reconocer este derecho y el Senado francés también aprobó propuestas similares que aún deben ser ratificadas por la Asamblea Nacional.

Sin embargo el tema tiene muchos escollos. El abogado del cirujano Guidotti Russo, Gabriel Gómez, asegura, según The Wall Street Journal, que lo que está en juego es el derecho de un individuo a retirar la información personal a la que objeta, sin importar si es correcta o no. Algunos especialistas en privacidad dicen, por su parte, que hay una diferencia entre información que es parte del registro público y datos personales o fotos enviadas a sitios de redes sociales.

"Puede ser que haya un derecho a que el individuo retire su nombre de una red social a la cual se lo entregó voluntariamente en primer lugar", aseguraRichard Thomas, un ex comisionado de privacidad de datos británico. "Pero eso es un poco diferente a borrar el registro, por ejemplo, de un crimen que usted haya cometido o algo embarazoso en su pasado", explica a TWSJ.

De hecho la vicepresidenta de la Comisión Europea y titular de Justicia,Viviane Reding, ha emprendido su propia cruzada por el derecho a ser olvidados. Su propuesta, que aún está tomando forma en la UE, consiste en forzar, de alguna forma, a los sitios de internet y en especial a las redes sociales a borrar de forma permanente los datos personales de los ciudadanos que lo soliciten. Su lema es: “Dios perdona y olvida, pero la web no”.

De momento el doctor Guidotti Russo ha conseguido empujar el polémico artículo de El País hasta el final de la primera página de Google gracias a la cantidad de entradas que han aparecido a raíz de su intento por borrar su pasado de la red.

 

FUENTE: www.elconfidencial.com