La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía prevé multas de 496.738 euros en total para las operadoras de telefonía móvil tras los expedientes sancionadores que este organismo abrió durante 2010, motivados por las reclamaciones de consumidores andaluces.

Este órgano, dependiente de la Consejería de Salud, ha informado en un comunicado de que durante el año pasado recibió más de 2.740 reclamaciones, de las que 161 han revertido en expediente sancionador, cuya cuantía media por cada una es de 3.474 euros.

Las principales infracciones detectadas por la Dirección General de Consumo han sido por incumplimiento de las medidas o los requerimientos de la Administración (39 por ciento), por no responder en plazo a las hojas de reclamaciones de los clientes (19 por ciento), por incumplir la garantía (ocho por ciento) y por hacer publicidad engañosa o subliminal (cinco por ciento).

Las quejas presentadas por consumidores andaluces han supuesto un 6,7 por ciento más que en 2009, y se relacionan con problemas en la facturación, irregularidades en el cambio de operador, falta de asistencia técnica o garantía, solicitudes de baja no atendidas y reclamación de deuda inexistente.

El total de expedientes sancionadores en materia de servicios de comunicaciones asciende a 243, con una cuantía total prevista para las sanciones de 1.232.949 euros, por lo que este tipo de reclamaciones han "ocupan" nuevamente los primeros puestos en las quejas de los consumidores.

Por otro lado, el comunicado resalta al auge de los mensajes recibidos en teléfonos móviles sin que el usuario haya demandado su inscripción a ningún tipo de concurso o promoción, y ha advertido que la normativa recoge la prohibición enviar comunicaciones publicitarias "sin que hayan sido solicitadas o autorizadas por el destinatario".

Ha recordado a los usuarios que "estén atentos" a las condiciones de los contratos que firman y a las páginas web en las que introducen sus datos personales, ya que podrían autorizar su consentimiento para recibir publicidad en sus teléfonos móviles y ha añadido que el control de esta obligación corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos.

FUENTE: www.finanzas.com