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La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía abrió hasta un total de 161 expedientes sancionadores en materia de telefonía móvil durante el pasado año.

Durante el pasado año 2010, los andaluces elevaron hasta la Dirección General de Consumo, órgano perteneciente a la Consejería de Salud, un total de 2.741 quejas por problemas con sus líneas móviles. Entre las principales causas se encuentran fallos en la facturación, solicitudes de bajas no atendidas y falta de asistencia técnica o garantía, entre otras.

Todas esas denuncias desembocaron en que el Gobierno andaluz inició una serie de expedientes sancionadores a las compañías de telefonía móvil. Concretamente, 161 expedientes que destacan como principales infracciones el incumplimiento de las medidas de la Administración, no responder a las hojas de reclamaciones y hacer publicidad engañosa.

Por ello, la Consejería de Salud ha previsto que la cuantía de las multas es de 496.738 euros, y la media por cada una de ellas es de 3.474 euros. Si sumamos el resto de sanciones en materia de servicios de comunicaciones (Internet, telefonía fija, etc.) obtenemos más de un millón de euros.

La Dirección General de Consumo ha querido aprovechar el anuncio de estos datos para advertir sobre el auge de mensajes recibidos en los teléfonos móviles sin que el consumidor haya demandado ningún tipo de servicio instando a inscribirse en algún concurso o promoción.

La Administración es clara: este 'spam' es ilegal, ya que está prohibido enviar comunicaciones publicitarias sin que hayan sido solicitadas o expresamente autorizadas por el destinatario, es decir sin el consentimiento previo del que la recibe.

Por último, la Junta aconseja acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, a la propia Dirección General de Consumo y a otras asociaciones de consumidores para controlar la publicidad vía sms.

Facua denuncia pasividad de las administraciones

Precisamente una de esas asociaciones, Facua-Consumidores en Acción, ha emitido una nota de prensa donde demanda medidas ante el creciente número de fraudes y abusos mediante servicios para móviles.

La organización critica que los ministerios competentes en materia de telecomunicaciones y protección al consumidor (Industria y Sanidad) y las comunidades autónomas no están llevando a cabo controles suficientes ni medidas sancionadoras contundentes.

Facua señala que las denuncias se producen muy especialmente en servicios de suscripción. Mensajes que llegan a costar hasta 1,42 euros y que los usuarios no saben cuando les llegarán cada mes e incluso desconociendo que se habían dado de alta en ellos.

En el comunicado, se advierte a los consumidores que pueden reclamar la devolución íntegra de las cantidades que les hayan facturado si se ha producido un fraude en su publicidad ,si no se les aclaró que estaban dándose de alta o no les indicaron cuántos mensajes de pago recibirían.


FUENTE: www.sevillaactualidad.com