El Ayuntamiento de Valencia tiene ya ultimada una moción para proponer la instalación de cámaras de video vigilancia en el cauce viejo del Turia, en el conocido como Jardín del Turia.

Este proyecto, que siempre ha estado en la mente de los directivos de la Policía Local de Valencia, y, por ende, del concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, se planteó por primera vez en 2009 con la idea de incluirlo en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, más conocido como Plan Confianza.

Pero hubo algunas voces críticas que se alzaron para prevenir sobre si, una vez hecha la inversión, se podría poner alguna objeción desde el punto de vista legal. Es decir, si el proyecto rebasaría la estrecha línea que separa la protección a la seguridad de las personas de su derecho a la intimidad y a la imagen; aspecto éste que se vuelve proceloso cuando se entremezclan las grabaciones de vídeo por parte de la Administración.

La moción, que pronto presentará el edil Domínguez, y el estudio y propuesta de acuerdo redactados por el intendente general jefe de la Policía Local, Andrés Rabadán, no hacen referencia a este aspecto, por lo que es de prever que está totalmente solventando, tratándose como se trata el Jardín del Turia de vía pública en todo su trazado desde la Ciutat de les Arts i les Ciències hasta Mislata.

Además, el apunte presupuestario corresponde a la Conselleria de Gobernación, que en virtud del citado Plan Confianza se hará cargo de los 620.000 euros del coste de la inversión.

Este proyecto se ha beneficiado, cabe señalar, de la prórroga del Plan Confianza que, desarrollado en gran medida, aún cuenta con proyectos «vivos» al haber prorrogado el plazo de presentación de acreditaciones de fin de obra.

De aprobarse el proyecto, su implantación definitiva requerirá de un plazo aproximado de cinco meses. La instalación de este «circuito cerrado» de televisión prestará especial atención a los elementos con protección que se halla en el cauce del Turia, como es el caso del puente de Serranos, cuyo impacto en el mismo se tratará de eliminar mediante la instalación de las cámaras en puntos cercanos.

La grabación de imágenes en la vía pública ha de contar con el visto bueno de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y más concretamente de una Comisión mixta en la que se integra la Subdelegación y que también engloba al Tribunal Superior de Justicia, y que se encarga de la tramitación y gestión de expedientes de autorización de video-cámaras fijas y de la convocatoria periódica Comisión de Garantías de Video-vigilancia que es la que finalmente decide sobre la instalación de estos aparatos tratado de conjugar al unísono seguridad e intimidad.

Fuente: La Razón