Las Fuerzas de Seguridad sospechan que los cuatro encapuchados que sustrajeron el pasado 5 de septiembre doscientas matrículas en un taller situado en la localidad de Lons, cerca de Pau, y desistieron de llevarse una troqueladora porque se encontraba clavada al suelo pertenecen a ETA. El ministro del Interior, Antonio Camacho, sin embargo, se apresuró a decir ayer que no hay «ningún elemento en este momento de la investigación» por el que quepa atribuir el robo a la banda.

El asalto tuvo lugar por la noche, pero, al parecer, unas cámaras de seguridad grabaron cómo cuatro encapuchados irrumpían en el establecimiento tras forzar la puerta. En poco tiempo consiguieron apropiarse de las doscientas placas confeccionadas según el nuevo sistema de matriculación ya vigente en Francia, que incluye tres dígitos en vez de los cuatro que llevaba el anterior. Los ladrones intentaron también sustraer una troqueladora, pero tuvieron que desistir porque se encontraba anclada en el suelo.

Fuentes de la lucha antiterrorista prefieren no descartar ninguna línea de investigación, pero sus sospechas apuntan a ETA. Ello, pese a que el titular de Interior, Antonio Camacho, adelantó ayer mismo que «la hipótesis que sigue la Policía francesa es que se trataría de delincuentes comunes».

Pero el caso es que en los últimos meses la banda ha robado en Francia varios vehículos. Además, en julio del pasado año los etarras sustrajeron material para falsificar matrículas, en un taller situado en una región en el sureste del país vecino. Los expertos no creen que ETA esté preparando ahora la comisión de atentados, ya que auguran que mantendrá la tregua, al menos, hasta las elecciones autonómicas vascas, para no perjudicar las expectativas de Bildu y la legalización de Sortu. Pero advierten de que sigue realizando labores logísticas de mantenimiento y, además, necesita renovar su flotilla de coches para desplazarse por territorio francés con ciertas garantías de seguridad.

Se da la circunstancia de que durante el alto el fuego anunciado por ETA con motivo del último «proceso de paz» el Ejecutivo de Rodríguez «verificó» que los primeros actos de violencia callejera —ataques a la tienda de un concejal de UPN en Pamplona y a una agencia de seguros de Guecho— no habían sido ordenados por la banda. Luego, se comprobó que fueron actos de «kale borroka» en toda regla.

FUENTE: www.abc.es