Las cámaras tenían que reaccionar ante la supresión de las cuotas obligatorias, y la de Valencia es una de las primeras en ajustarse a la realidad. El pleno conoció hace dos días que habrá un plan de bajas incentivadas bastante generoso con el que espera reducir un 40% la masa salarial.

No puede plantear un ERE, al menos para los que entraron antes de 1993, cuyo estatus lo impide –ya lo intentó Virosque y tuvo que dar marcha atrás–, así que propone que se vayan con 45 días y con compensación extra para los mayores de 50 años. En esa situación están 63 de los 135 empleados de la Cámara.

Morata ha denominado a su estrategia plan de empresa, pero la realidad es que la Cámara no es una empresa y hay temas –como el laboral– en el que no hay flexibilidad. En sus planes entra el convenio con la Generalitat en el que habrá cometidos de la Administración que asumen las cámaras –algunos están duplicados– y que darán ingresos.

El alquiler de los edificios de Poeta Querol y del Parque Tecnológico no se plantea en el momento más rentable. Pero también tendrá que salir un listado de actividades que la Cámara ya no va a realizar: con menos plantilla se pueden hacer menos cosas.

La cura pasa también por una regeneración. El primer paso lo dio el director gerente, Fernando Zárraga, que se acoge a la baja, pero se espera que el plan de empresa venga con un nuevo equipo directivo bajo el brazo.