El fichaje de un director de Seguridad en pleno inicio de la política de austeridad y recortes impuesta por la crisis fue uno de los muchos asuntos que enfrentaron el pasado verano al presidente de la Diputación, Salvador Pendón, con el PP. En septiembre, y tras meses de estudio de la medida, Pendón firmó un decreto para contratar al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Manuel Rosa como nuevo responsable de Seguridad. Su sueldo como cargo de confianza es de 53.600 euros y ese gasto se justificó en la necesidad de "profesionalizar" el servicio y hacerlo "más eficiente". De momento, según los datos facilitados a este periódico, la apuesta de Pendón, criticada por algunos sindicatos, tiene resultado muy positivo, con un ahorro para las arcas de la institución de 492.000 euros al año y la optimización de los recursos del ente.

Las actuaciones promovidas por Rosa, que ha revisado los dispositivos de seguridad de todos los centros de la Diputación y modernizado hasta 13 instalaciones con una inversión que ronda los 60.000 euros en equipos, principalmente nuevos circuitos cerrados de televisión, cámaras de vigilancia y alarmas y sistemas de intrusión especiales, han permitido revisar a la baja el contrato con la empresa concesionaria de la seguridad de la Diputación, Casesa, que hasta ahora percibía 1,4 millones de euros al año. Las nuevas medidas y la reorganización del servicio han permitido reducir considerablemente el número de vigilantes de seguridad privada de los distintos edificios de la Diputación, por lo que se ha renegociado el recorte de casi un tercio del contrato con la firma adjudicataria. 

Rosa, en comisión de servicio, era jefe del grupo de sistemas especiales de la Policía Nacional en Málaga y uno de los delegados gubernativos de la plaza de toros de La Malagueta. El nuevo director de Seguridad ha reforzado el denominado búnker de televigilancia, en el edificio principal de la calle Pacífico, desde el que se controlan las cámaras y dispositivos instalados en los distintos centros de la Diputación. Para ello se han modernizado los equipos y el propio centro de control, reubicando cámaras existentes y encargando la tarea al personal de mantenimiento, al objeto de reducir los costes de la actuación.

El responsable de Seguridad también ha propuesto a la comisión de gobierno una serie de normas y directrices, que están a la espera de aprobación, como la creación de un área de seguridad a lo largo del perímetro de la sede institucional de la Diputación, con la instalación de bolardos que impidan aparcar en toda la zona, para lo que se ha solicitado permiso al Ayuntamiento. También quiere poner en marcha los medios de control de acceso a las instalaciones ya existentes (arcos de seguridad, éscaner y detector portátil de metales) de todo el personal que acceda a los edificios previa identificación, el uso de tarjetas de identificación por parte de todo el personal y la acreditación a las visitas y periodistas ajenos a la administración. También se implantará un sistema de control para que se cumplan las normas de uso de los aparcamientos de la Diputación, se realizarán cursos de formación en materia de seguridad y se elaborará una relación del personal autorizado a trabajar fuera del horario laboral. 

Las mejoras y reorganización de las medidas de seguridad han afectado además a los Centros de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Palma-Palmilla, Camino de Suárez, Carril del Conde y Mijas-Costa (donde se instalarán botones antipánico en las consultas); el centro básico de acogida de Arroyo de los Ángeles; el centro infantil y el centro Virgen de la Esperanza de la calle Godino; la unidad de estancia diurna de mayores del Hospital Civil; el Centro Cultural Provincial de la calle Ollerías; el Centro de Igualdad de Género de la calle Carretería; el Museo Taurino de La Malagueta y la Casa Museo de Antequera; el edificio de la Plaza de la Marina y el Centro Cívico.

 

FUENTE: www.malagahoy.es